Hay mucho que aplaudir a la decisión del presidente Barack Obama de tomar medidas unilaterales para comenzar a definir el destino de los más de 11 millones de personas que carecen de documentos legales para vivir y trabajar en los Estados Unidos.

Gracias a un cambio de política en su administración, las 300 mil personas que se encuentran en procedimientos de deportación tendrán una segunda oportunidad para permanecer en el país si comprueban que no tienen antecedentes penales, que tienen muchos años viviendo en los Estados Unidos y que son ciudadanos productivos. Incluso algunas de ellas podrán regularizar su estatus solicitando un permiso de trabajo.

Sin embargo, la directiva del Departamento de Seguridad Nacional genera muchas preguntas cuyas respuestas sólo se darán a conocer con el paso del tiempo. Por el momento, es evidente que esta decisión tiene cosas buenas y cosas malas.

Es cierto que la directiva promete reducir significativamente el número de deportados al año. Obama tomó posesión como un presidente amigo de los inmigrantes, sin embargo, su administración ha deportado a más indocumentados que sus predecesores; casi 1 millón de ellos para ser precisos.

Este cambio de política promete ponerle un freno a esto empezando con las 300 mil personas que actualmente se encuentran en proceso deportación y cuyos casos ahora serán evaluados uno por uno. Esto tendrá un impacto inmediato en varias áreas: muchas familias podrán permanecer juntas ya que algunos podrán solicitar permisos de trabajo, los juzgados federales purgarán su congestionado sistema con muchos de estos casos, y la administración tendrá algo positivo que decir cuando Obama se presente ante los latinos en campaña el próximo año.

Es difícil saber qué significa esto para el resto de los indocumentados. Aquel que sea arrestado aún podría ser deportado ya que los lineamientos a seguir aún no están claros y no existe suficiente precedente para conocer el modus operandi de las autoridades federales. Lo peor que alguien puede hacer en estos momentos es hacerse arrestar con el fin de obtener un permiso de trabajo.

Por otra parte, no hay que olvidar que este cambio de política puede desaparecer tan rápido como apareció si Obama pierde la reelección y el nuevo mandatario decide regresar a como estaban las cosas.

Obama, en esencia, está utilizando a los latinos como si fueran peones en un juego político de ajedrez, atando el salvarse de la deportación con su reelección. Él ahora necesita más que nunca a los latinos para ganar y contrarrestar la desilusión de millones de electores desempleados que aún arrastran los efectos de la recesión como un grillete atado a los pies.

Ya me imagino al presidente Obama en campaña diciéndoles a los latinos: "Voten por mí, si no quieren que los deporten".

Como táctica política, es un movimiento genial y cínico a la vez.

La pregunta es: ¿Por qué no lo hizo antes?

Ha estado claro desde hace tiempo que los republicanos, que son como el niño en la escuela que no sabe perder, no apoyarían una sola iniciativa del presidente, y mucho menos una que genere buena fe en el grupo electoral de mayor crecimiento en el país.

Quizá Obama finalmente sintió la presión de las manifestaciones recientes en contra de su programa Comunidades Seguras, la iniciativa responsable de haber deportado a tantos indocumentados sin antecedentes penales.

En todo esto no hay que perder de vista que el programa de Comunidades Seguras continuará refiriendo indocumentados detenidos o arrestados a las autoridades migratorias; el sistema federal de verificación de empleo E-verify continuará esparciéndose; las auditorías a los negocios que contratan indocumentados seguirán poniendo presión a los empleadores para que despidan a los empleados que no puedan comprobar su estatus legal; los estados continuarán promulgando leyes que hacen la vida más difícil a los indocumentados.

Está más claro que nunca que este cambio de política es sólo un parche a un problema cuya verdadera solución depende de los legisladores, no sólo del presidente. A final de cuentas, lo único permanente es una reforma a las leyes de migración. Y los políticos deben ser juzgados por su capacidad de solucionar los problemas del país, no sólo de encontrar maneras de mitigarlos.

Hiram Soto es columnista de Enlace, el semanario en español de San Diego Union Tribune. editorial@mienlace.com