El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, se quedó sin fuero constitucional a principios de septiembre de 2024, abriendo la puerta para que enfrente investigaciones por diversos delitos, incluido el mal manejo de recursos públicos, como la polémica contratación millonaria de la planta fotovoltaica.

La gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó que los procesos legales en su contra se reanudarán y que Bonilla podría ser llamado ante un juez en los próximos días.

Previo a la pérdida de su fuero, Bonilla fijó una dirección para recibir notificaciones legales, lo cual, según informes, había evitado mientras gozaba de inmunidad.

La denuncia contra el exmandatario fue presentada en 2022, tras la firma del contrato por la planta fotovoltaica, que dejó al estado con una deuda de 12 mil millones de pesos. Sin embargo, al ser incorporado como senador, Bonilla adquirió fuero, bloqueando temporalmente el avance de la investigación.

La actual gobernadora, Marina del Pilar, enfatizó que el proceso no es una "caza de brujas" y que las investigaciones avanzarán con apego a la ley. Su principal objetivo, según declaró, es recuperar los recursos públicos que fueron desviados durante la administración de Bonilla.

Además, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la futura presidenta Claudia Sheinbaum respaldan la protección de los intereses de Baja California y apoyarán la aplicación de la justicia si Bonilla es declarado culpable.

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Investigación por el asesinato de Lourdes Maldonado también involucra a Bonilla

Jaime Bonilla también está vinculado a la investigación del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. La Fiscal General de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, declaró que Bonilla sigue siendo un sospechoso en el caso y que la Fiscalía está fortaleciendo la investigación. Andrade aseguró que no se harán concesiones y que, cuando sea el momento legal adecuado, se citará a comparecer a todas las personas necesarias, incluido Bonilla.

La pérdida del fuero de Bonilla es un punto clave en las investigaciones tanto por el desvío de recursos públicos como por el asesinato de Maldonado, lo que podría derivar en un proceso judicial significativo para el exgobernador de Baja California.

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