Los ataques que recién ocurrieron en Baja California y en otras partes de México han sido catalogados como acciones que se equiparan a actos terroristas, denunció la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados.

También condenaron la “descabellada” declaración de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, quien llamó a la delincuencia a “cobrar facturas” a quienes las “deben”, con lo que admitió la realización de esa práctica ilícita y de extorsión y en los hechos, dio luz verde a la delincuencia para seguir operando en esos términos.

“Las y los diputados del PRI condenamos la inacción de las autoridades y en particular la descabellada e inaceptable declaración de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, quien adjudicó la violencia a la falta de pago de “piso”, y pidió a los criminales que solo actuaran contra los omisos”, expresaron.

Comparecencia del gabinete de seguridad

Asimismo, los priístas en San Lázaro adelantaron que pedirán la comparecencia de miembros del gabinete de seguridad federal, para que informen ante la Cámara de Diputados sobre la gravedad de la situación.

Calificaron como inadecuada y equivocada la política de seguridad del Ejecutivo Federal y su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), carente de coordinación e incapaz de actuar frente a la violencia provocada por la actuación del crimen organizado.

Lamentaron que esos factores pongan en riesgo la vida de la población en distintos puntos del territorio nacional.

Advirtieron que los actos violentos vividos en el presente mes de agosto no tienen precedente en la historia moderna del país.

Llamaron a gobernadores y presidentes municipales a que hagan su tarea, destinando recursos suficientes que permitan equipar, profesionalizar y mejorar la operación de las corporaciones policíacas locales.

Calificaron como insuficiente que el Ejecutivo Federal se limite a desear que los hechos violentos referidos no se repitan.

También demandaron que la problemática de inseguridad se enfrente con coordinación efectiva entre el Gobierno Federal y las autoridades estatales y municipales, sin militarizar las instituciones de seguridad pública.

Ello, ante el anuncio del Presidente de la República de intentar integrar la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a través de una reforma constitucional o bien, un decreto o acuerdo presidencial.

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Nota publicada originalmente en MVS Noticias