En esta ocasión nos reunimos para conmemorar el 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar. Lo hacemos en un contexto en el que los Pueblos Indígenas siguen reclamando un cambio de fondo en su relación con el Estado mexicano.

El 16 de febrero de 1996, después de un largo y complicado proceso de negociación entre el gobierno federal y el EZLN, se firmaron los primeros acuerdos entre ambas delegaciones, con la coadyuvancia de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), integrada en forma paritaria por legisladores de todos los partidos representados en ese momento en el Congreso de la Unión y con la participación de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI)

Estos acuerdos en materia de derechos y cultura indígenas fueron pactados en el marco de una negociación amparada por la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz digna en Chiapas, aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión el 11 de marzo de 1995.

Los acuerdos de San Andrés Larrainzar fueron el resultado del proceso de construcción de consensos de mayor horizontalidad y participación de que se tenga memoria en los años recientes de la historia de México. Fueron el producto de un proceso genuino de negociación que contó con el respaldo, el aval y el compromiso de todas las fuerzas políticas del país y todas las instituciones de la República.

Por ello, no resulta extraño decir que los “Acuerdos de San Andrés” son un patrimonio nacional, porque fueron una conquista de todos los mexicanos

La elaboración de la primera iniciativa de modificaciones constitucionales en materia indígena derivada de dichos acuerdos fue redactada en San Cristóbal de las Casas por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), en noviembre de 1996, por encargo del poder legislativo, el poder ejecutivo y el EZLN.

La iniciativa de ley elaborada por quienes integramos la primera Comisión de Concordia y Pacificación fue construida con un profundo respeto al espíritu y al contenido de los acuerdos firmados entre el EZLN y el Gobierno Federal.

Sin embargo, el Gobierno de aquel entonces, objetó dicha iniciativa con argumentos que ponían en entredicho lo que el propio Gobierno había firmado en las mesas de negociación donde se habían pactado los términos de cada uno de los temas agendados y acordados.

El incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés no solo representó una afrenta para el EZLN sino para toda la sociedad que clamó poner fin a las hostilidades, y una solución negociada al conflicto.

El EZLN y toda la estructura orgánica atrás de él, habían confiado, cumpliendo a cabalidad el nuevo camino político que se abría.

El incumplimiento de dichos acuerdos constituyó un golpe a la confianza y un riesgoso fracaso de la vía política y negociada para la resolución de conflictos presentes y futuros.

Los vacíos que con ello se crearon fueron llenados por beligerancias sin rumbo y, hoy, por la disputa de territorios en donde en los últimos años se han hecho presentes bandas del crimen organizado.

En paralelo a esta realidad, a 25 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, tenemos una realidad de contrastes y de mayor desigualdad social. Los números no mienten.

La pobreza continúa y se ahonda. Según los datos de CONEVAL, los más pobres siguen siendo los Pueblos Indígenas, y entre ellos las mujeres indígenas son quienes tienen una carga mayor de pobreza, exclusión y desigualdad.

La apuesta del Estado Mexicano de reducir la compleja problemática indígena a un asunto sólo de programas sociales ha fracasado. El ancestral abandono de las comunidades indígenas fue sustituido por un sinnúmero de Programas asistenciales denominados “Sociales” que, en la mayoría de los casos, han corrompido y dañado la identidad indígena y la unidad de los pueblos.
Frente a estos hechos es necesario también destacar, que, en el plano nacional e internacional, se han producido una serie de avances jurídicos normativos importantes. Entre ellos destacan:

● La Declaración de la ONU en materia de Derechos y Cultura Indígena,

● La elevación a rango constitucional de los Tratados Internacionales, entre ellos el Convenio 169 de la OIT, y

● La resolución de la Suprema Corte de Justicia de México, en el sentido de que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo aquella en los casos de litigios en los que México no fue parte, resulta obligatoria para los jueces mexicanos, siempre que sea más favorable a la persona.

● El Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en caso de que involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, las causas que dieron origen al levantamiento zapatista en 1994 no se han modificado sustantivamente, a pesar de lo hecho durante todo este tiempo, incluyendo muchos esfuerzos sinceros por lograr cambios perdurables en beneficio de los pueblos indígenas.

La reforma constitucional aprobada en materia indígena en el año 2001 excluyó las partes sustantivas de los derechos esenciales de los pueblos, que habían sido acordados en San Andrés. El incumplimiento de estos acuerdos ha configurado escenarios de pobreza y confrontación, al no existir las herramientas jurídicas para garantizar sus derechos.
Durante los últimos años, los movimientos indígenas nacionales han planteado de manera recurrente el reconocimiento de sus derechos colectivos; estas exigencias buscan que los derechos sean parte del orden normativo del país en atención a la diversidad y particularidad de los pueblos, y representan su plataforma étnico- nacional, sustentada en los avances internacionales en la materia.

Quizás hoy no encontremos todas las respuestas para atender esta problemática, pero el reivindicar la actualidad de los Acuerdos de San Andrés deja de ser un tabú y se convierte en un referente, político, histórico y moral, que permite reabrir el debate, no sólo sobre el tema indígena, sino en cuanto al México al que aspiramos.

Ante el conjunto de fenómenos sociales y movilizaciones generadas por la instalación de diversos proyectos en territorios indígenas, los Acuerdos de San Andrés pueden constituir una ruta de trabajo que permita solucionar una enorme cantidad de problemas que están presentes en la vida nacional.

El contenido de los Acuerdos de San Andrés no eliminarán las contradicciones que existen entre los diferentes actores sociales y políticos, pero son un lugar de encuentro que nos permitirá procesar las diferencias, construir rutas de progreso y acuerdos entre los Pueblos Indígenas, el Estado Mexicano y los Sectores Productivos Nacionales e Internacionales.

Los Acuerdos de San Andrés fueron concebidos no como un punto de llegada, sino un punto de partida para el establecimiento de una nueva relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas de México.

A través de ellos, el reconocimiento y protección de los derechos indígenas se configuran a partir de los siguientes elementos:
a) Reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derechos;
b) Establecimiento de los derechos de los pueblos a disponer de los medios para su reproducción y sobrevivencia;
c) Derecho de los pueblos al desarrollo, en sus tierras y territorios.

d) Derecho al ejercicio de su cultura y su conservación;
e) Establecimiento de las condiciones jurídicas y políticas que aseguren el ejercicio de estos derechos.
f) El Derecho a la Consulta previa, libre e informada

En el contexto de la exigencia nacional de construir un nuevo marco de relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas de México, se hace necesaria la búsqueda de los consensos para concretar en nuestra carta máxima los derechos indígenas, hasta hoy excluidos del pacto nacional.

Es necesario encontrar la fórmula que nos permita construir un México donde el fomento al desarrollo y al progreso no esté reñido con el respeto a los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y rurales del país.

Por ello, a 25 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, es impostergable, impulsar un Acuerdo Nacional para el Bienestar, el Respeto y el Progreso de los Pueblos Indígenas de México, que incluya:

● La aprobación de las modificaciones de carácter constitucional, la revisión de leyes reglamentarias, la ley general de consulta indígena, así como la adecuación de las instituciones mexicanas a una nueva constitucionalidad, que cumpla con los Acuerdos de San Andrés Larrainzar y se armonice con las nuevas disposiciones normativas nacionales e internacionales en materia indígena, en donde las políticas públicas reconozcan a los pueblos como sujetos y no objetos de éstas.

● Establecer un mecanismo de intercambio de experiencias de los fenómenos sociales que se producen al interior de cada uno de nuestros pueblos, que nos permitan aprender de las vivencias y las luchas que se brindan en las comunidades en favor de los derechos de los pueblos originarios de México.

● Diseñar un método de trabajo conjunto y colegiado, entre las dependencias del Poder Ejecutivo, las Comisiones Legislativas del Congreso de la Unión y representantes de los Pueblos Indígenas, para el establecimiento de un Programa que permita concretar los compromisos institucionales, mediante la construcción de consensos a lo largo y lo ancho del país, donde los actores principales de este proceso sean los propios pueblos indígenas.

Mantengamos el firme propósito de que este evento contribuya a acelerar el proceso urgente de armonización legislativa y reformas como construcción de todos y demanda de todos.

Esta es la voluntad de quienes participamos como integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación hace 25 años y coadyuvamos en las tareas de pacificación.

Incluimos en este anhelo de transformación y de cambio, a quienes participaron en este proceso y se nos adelantaron en el camino, pero cuyas enseñanzas y aportaciones fueron altamente significativas. Nos referimos al Ingeniero Heberto Castillo Martínez, a Don Luis H. Álvarez, a Benigno Aladro Fernández, a Guillermo del Río Ortegón, a Don Samuel Ruiz García, al Poeta Juan Bañuelos y a Juanita García Robles, integrantes originales de la Comisión de Concordia y Pacificación y de la Comisión Nacional de Intermediación, respectivamente, cuyos sueños y anhelos, están presentes el día de hoy con nosotros, en este evento.

Chiapas y los Pueblos Indígenas de México y de Centroamérica, enfrentan nuevos retos, problemas y paradigmas, que deben atenderse con nuevas iniciativas y, sobre todo: acciones.

A través del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y de la armonización del marco legislativo y constitucional nacional con el internacional, junto a las causas, iniciativas, esfuerzos y empuje de los pueblos, se podrá contar con un nuevo y mejor marco normativo que permita a las comunidades indígenas salir de atraso, la pobreza y conflictividad en que subsisten.

Sin embargo, este nuevo marco constitucional deberá ir acompañado de una estrategia de desarrollo económico, que fomente las capacidades productivas de las regiones indígenas de México. Cuando hace 25 años se interrumpieron los Diálogos en San Andrés Larrainzar, la mesa que quedó pendiente de instalarse, fue la de Bienestar y Desarrollo.

Hoy más que nunca se hace urgente detonar oportunidades de empleo en aquellas comunidades ante los problemas de violencia, crimen organizado, efectos derivados del cambio climático, pobreza e inmigración.

En este momento que México mantiene un dialogo económico de alto nivel con Estados Unidos, están dadas las condiciones para plantear el financiamiento a proyectos que pueden detonar oportunidades en el Triángulo Norte de Centroamérica y Sur de nuestro país. Es prioritario apalancar inversiones para promover infraestructura productiva.

Hacemos un llamado para que el gobierno federal convoque a los gobiernos estatales a presentar los proyectos con que cuentan y que son generadores de empleo y arraigo de las familias en sus regiones. Es insuficiente promover solo programas asistenciales ante el rezago estructural y la pobreza de la zona. Se necesita financiar infraestructura productiva que de pie a corredores estratégicos para el desarrollo y el bienestar duradero para la población más rezagada del país.

No hay lugar para regateos; las instituciones del Estado están obligadas a construir soluciones que reviertan esta situación injusta y desigual.

Las salidas deben ser consensuadas, sólo de ese modo se logrará que los cambios sean endógenos y permanezcan en las comunidades; se trata de generar una dinámica indígena de prosperidad que contribuya a la construcción de un país moderno y pluricultural.

En esta tarea, que requiere la participación más amplia de todos los poderes, órganos de gobiernos y sectores económicos, políticos y sociales. Nos corresponderá a cada uno decidir el carácter de nuestra participación, como compañero de viaje o como escollo avasallado.

ATENTAMENTE
Comisión de Concordia

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