El parlamento español finalmente se unió a la lista de países alrededor del mundo que han legalizado la eutanasia, pues el día de hoy autoridades gubernamentales del país europeo aprobaron una ley que permitirá regularizar tanto la también llamada “inyección letal” como el suicidio asistido.

Con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones, el congreso español reconoció la autorización del dictamen, anunciando también que este entrará en vigor pasados 3 meses de que la ley sea publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Este proceso médico podrá ser solicitado por mayores de edad que padezcan alguna enfermedad/padecimiento grave, crónico o incurable, que afecte su autonomía y/o les genere dolor, ya sea físico o psicológico, imposible de tolerar.

Aquellas personas que estén interesadas por ejercer este derecho recién reconocido por España deberán informarse sobre tratamientos existentes para el tratamiento de su enfermedad y si aún así desean continuar con el proceso están obligados a confirmarlo mínimo en cuatro ocasiones, además de que su caso será estudiado por autoridades de salud, teniendo el derecho de renunciar a su decisión en cualquier momento.

Es importante recalcar la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido, ya que el primero se refiere a cuando la muerte es provocada por un profesional de la salud, mientras que en el segundo es la misma persona la que pone fin a su vida pero con ayuda de un fármaco letal dispensando por su médico, mismo que requiere receta médica para conseguirlo.

Para los profesionales sanitarios que no se encuentra dispuestos a apoyar en el procedimiento, ya sea por cuestiones éticas, religiosas o de cualquier índole, estos podrán buscar amparo en la objeción de conciencia, un derecho subjetivo que establece el entendimiento a aquellas personas que se nieguen a acatar ciertas órdenes legislativas invocando diversos motivos, mayormente de interés personal.

Como organismo responsable de la autorización de este tipo de casos en el país, se anunció que se instaurará una comisión de garantía y evaluación, la cual tendrá la tarea de supervisar cada caso para finalmente dar el veredicto final. Dicho comité estará conformado por doctores, miembros de enfermería y juristas.

Con esta decisión, España se convirtió en la nación número 7 en aprobar la muerte asistida, sumándose a los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, donde entrará en vigor hasta noviembre del año en curso y finalmente Colombia, país donde la norma se aprobó por decisión del tribunal constitucional y no como una ley en el parlamento.

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