Muy retador, Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California, desafía a todo aquel que cuestiona la ley que le ampara quedarse 5 años como gobernador de Baja California y no 2 como estaba previsto en la elección que ganó como candidato de Morena:

“Que me demuestren que estoy violando alguna ley. Mejor que acepten su derrota. No saben perder” es lo que repite desde que ganó la elección y luego de que la anterior legislatura del Congreso bajacaliforniano aprobara la famosa Ley Bonilla que le permite ampliar su gobierno tres años.

Este empecinamiento nada tiene que ver con el carácter que identifica a la gente del norte del país, parece que responde más a una serie de intereses que adquirió en campaña con ciertos personajes con un historial negro que a los pocos ciudadanos que lo eligieron en un proceso que se caracterizó por un abstencionismo del 70 por ciento, el más alto en la historia electoral del estado.

Uno de estos personajes es Humberto “Pato” Valdez Ramos, integrante de su equipo de trabajo, quien ha sido señalado de haberse desempañado como abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Otro personaje que apareció al lado de Bonilla es Xicoténcatl Leyva Mortera, último gobernador del PRI en la entidad y quien dejó una estela de corrupción, nepotismo y represión durante los años en que gobernó el estado (1983-1989).

El 7 de enero de 1989 Proceso publicó un reportaje en el que describía al gobierno de Xicoténcatl Leyva Mortera en una atmósfera de terror, violencia, crimen, abuso de poder y narcotráfico.

“El narcotráfico es otro de los estigmas de la administración de Leyva Mortera. En septiembre de 1985, Miguel Ángel Rodríguez Moreno, agente del Ministerio Público del fuero común y amigo y socio del despacho de Edgardo Leyva Mortera, fue sorprendido por agentes federales cuando personalmente custodiaba toneladas de mariguana en una casa de la Colonia Libertad”, cita el texto del reportero Elías Chávez (Proceso 1520).

Con sus propios antecedentes y los de algunos de sus allegados, Jaime Bonilla es ahora un problema para Andrés Manuel López Obrador quien ya anunció que no asistirá a la toma de protesta prevista para este viernes 1 de noviembre.

Hasta el 28 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha admitido cinco controversias constitucionales contra la “Ley Bonilla”. Los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como el gobierno saliente de Baja California presentaron dichos recursos.

El hecho de que Bonilla asuma sus funciones el 1 de noviembre no significa que la Suprema Corte realice el estudio oportuno de su validez, como se plantean en las cinco demandas.

Por tanto, Jaime Bonilla aún no puede cantar victoria puesto que la acción de inconstitucionalidad no se tiene que resolver antes de que rinda protesta como gobernador, ya que la impugnación a la famosa Ley Bonilla continuará surtiendo efecto y la sentencia respectiva de la Suprema Corte tendrá vigencia.

Por cierto… Jaime Bonilla, empresario de los medios, es un caso único en la política mexicana. Cuando tenía la ciudadanía norteamericana fue militante del Partido Republicano al que pertenece Donald Trump, luego ya como mexicano estuvo en las filas del Partido del Trabajo y luego se pasó a Morena en donde recibió el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para ser legislador, delegado del gobierno federal y, finalmente, candidato a gobernador.

*Vía Proceso.