La defensa legal del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera acusó de narcocorrupción al presidente Enrique Peña Nieto, a su antecesor, Felipe Calderón, a todo el gobierno de México y a las agencias federales de Estados Unidos como la DEA.
“Todo el gobierno de México, hasta el actual presidente (Peña Nieto) y el anterior (Calderón), reciben cientos de millones de dólares del narcotráfico”, declaró Jeffrey Lichtman, integrante del equipo de abogados de “El Chapo” Guzmán, al iniciar la presentación de argumentos en el juicio del narcotraficante mexicano ante la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York.
Para abundar en su afirmación y en defensa de su cliente, al cual el gobierno de Estados Unidos identifica y acusa como criminal número uno y el más peligroso del crimen organizado, Litchman indicó que el encargado de corromper a las autoridades de México a todos los niveles es Ismael “El Mayo” Zambada García.
“El gobierno de Estados Unidos sólo pretende que busca capturar a "El Mayo" la DEA permite que los capos del droga funcionen, obstruye la justicia y la paga a informantes, acotó el abogado, dirigiéndose al jurado respecto a lo que demostrará durante el proceso para desmentir los cargos que el Departamento de Justicia le imputa al narcotraficante mexicano más famoso en el mundo entero.
El equipo de la defensa de El Chapo, integrado por cuatro abogados que encabeza Eduardo Balarezo, apuntó que la Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA) creó un mito respecto a las actividades criminales del mexicano nacido en La Tuna, Sinaloa.
“Ni siquiera es el gran capo de las drogas de México, el verdadero capo tiene 70 años, lleva 40 años de carrera criminal y se llama Ismael ‘El Mayo’ Zambada García”, enfatizo Litchman en la sala de la Corte en Brooklyn bajo la tutela del juez federal Brian Cogan.
Estados Unidos acusa a Guzmán de 11 delitos federales, que van desde narcotráfico, lavado de dinero y portación de armas ilegales.
Al arranque del juicio, la defensa de quien fuera líder de una de las fracciones del Cártel de Sinaloa argumentó que existe otra parte de la historia que oculta el gobierno de Estados Unidos en concordancia con el de México.
En este sentido, Litchman explicó al jurado que los gobiernos federales de estos dos países se coluden para exagerar las acusaciones contra su cliente por defender los intereses criminales de ‘El Mayo’ Zambada.
“Lo que les estoy diciendo”, subrayó el abogado hablándole directamente el jurado, “viene directamente de los testigos que la parte acusadora usará para acusar falsamente a mi cliente, quienes todos los días mienten y cometen delitos; no pueden confiar en que los testigos del gobierno digan la verdad”, subrayó el abogado de Guzmán Loera.
La versión de la defensa, para anular a la del Departamento de Justicia que acusa al narcotraficante mexicano, establece que es imposible pensar que su cliente sea el gran criminal y el más peligroso del mundo, cuando desde 1993 hasta el 2017 se ha mantenido huyendo de la justicia o en prisión.
En este sentido le pidió al jurado que reflexionara en el hecho de que mientras su cliente era perseguido por la justicia estadunidense y mexicana, cómo era posible que el Cártel de Sinaloa continuara siendo la organización que más drogas exportaba y exporta al mercado estadunidense.
“Es falso, no es verdad y una leyenda creada por la DEA”, insistió el abogado estadunidense, descalificando a los testigos que presentará el Departamento de Justicia durante el juicio que el mismo juez declaró que será largo y tedioso.
Los testigos de la parte acusada son narcotraficantes mexicanos, hondureños y colombianos que en algún momento de la historia criminal de Guzmán Loera fueron sus socios, lugartenientes, sicarios o enemigos integrantes de otros cárteles.
A estos testigos protegidos por el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia los utilizará para intentar demostrar la culpabilidad de “El Chapo” en los delitos federales que le imputan, a cambio de privilegios como reducirles las sentencias o cargos que enfrentan en la Unión Americana, donde han sido extraditados, para darles una nueva identidad.
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