Desde 2012, California se encuentra en una grave crisis hídrica producto de la sequía histórica que padece la región y por la sobreexplotación de las fuentes de agua existentes. El agua ha sido uno de los factores fundamentales en el crecimiento económico de California, estado que se considera la sexta economía a nivel global (se calcula que su PIB es dos veces mayor que el de México) y a su vez constituye uno de los paisajes más transformados en el mundo por la actividad humana. Esta condición ha sido posible mediante el extenso desarrollo de la agroindustria en sus valles, el establecimiento de diversas industrias en su territorio, el explosivo crecimiento urbano de sus principales ciudades, las actividades mineras, el turismo, el impulso de la industria petrolera y gasera (con el incremento en la utilización del fracking) y la construcción de grandes infraestructuras de transporte basadas en el automóvil. Todas estas actividades consumen un importante volumen de agua.

A pesar de que hace unos meses las fuertes lluvias contuvieron un poco la sequía, la situación sigue en estado de alerta y el gobierno ha implementado medidas de mitigación y ha emprendido la búsqueda de fuentes de agua alternativas para garantizar la seguridad hídrica en la región. Una de esas posibles fuentes es México, en específico, Baja California.

La función neutralizadora de Baja California respecto a las crisis en la Alta California se puede ejemplificar claramente al considerar la instalación en territorio bajacaliforniano de infraestructuras energéticas y plantas de generación de electricidad tras la crisis energética de California de 2000-2001 (proyectada por las mismas trasnacionales energéticas). Desde entonces en nuestro estado se han construido gasoductos, plantas termoeléctricas, parques eólicos, una planta regasificadora de gas natural licuado y líneas de transmisión transfronterizas cuya producción tiene como destino principal el mercado eléctrico californiano. Actualmente más del 40% de la electricidad que se genera en Baja California se exporta a California y es controlada por varias transnacionales energéticas. Ahora, con la crisis hídrica californiana, Baja California cumple de nuevo su función contrarrestante, esta vez, en materia de agua.

Sin embargo, antes de construir y hacer funcionar la infraestructura hídrica en Baja California para exportar agua a California y buscar mitigar su crisis, se tenían que crear las bases jurídicas para llevar a cabo estos planes. Aparte de la Ley de APPs, que permitían que empresas privadas construyeran y privatizaran las infraestructuras, se necesitaba poder privatizar el servicio de agua en su conjunto.

La Ley estatal de Aguas fue aprobada en la madrugada del 20 de diciembre de 2016, en la histórica sesión en la que el Congreso y el Ejecutivo estatal ofertaron a Baja California al sector privado. La ley planteaba la privatización del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado del estado. Asimismo, establecía un aumento inicial del 20% en las tarifas por consumo hídrico y la posterior liberalización de las mismas en 2018, así como la posibilidad de corte del suministro tras 90 días de impago. También eliminaba las comisiones estatales de servicios públicos y las sustituía por dos organismos operadores: el de la Zona Costa, para los municipios de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada; y el de la Zona Valle, para Mexicali. El argumento de la administración estatal para impulsar la ley era la grave situación de sequía y escasez de agua que se vive en Baja California, pero contrariamente, a su vez impulsaba en el Valle de Mexicali la construcción de una planta de producción de cerveza de la transnacional Constellation Brands, que exportaría 10 millones de hectolitros al año a Estados Unidos, y la construcción de un acueducto con dinero público para entregar agua a la planta.

Las movilizaciones masivas de enero de 2017 en Mexicali y en los demás municipios obligaron al gobernador Francisco Vega a enviar al Congreso la iniciativa de abrogación de la ley, la cual fue votada por unanimidad el 19 de enero, justo un mes después de su aprobación. El pueblo bajacaliforniano logró echar abajo los planes de privatización del servicio de agua, pero no así la privatización de las infraestructuras de producción y transporte del líquido. Se consiguió quitarle un pie a los planes privatizadores del gobierno, pero quedó el otro: las APPs.

Aquí, el análisis sobre los aspectos territoriales de los proyectos relacionados con el negocio transfronterizo del agua, impulsados bajo esquemas de APPs, y su vínculo con las empresas transnacionales de servicios múltiples:

Planta desalinizadora de Rosarito
Uno de los principales proyectos aprobados en el dictamen 62 (ratificados con el decreto 57), es la planta desaladora o desalinizadora de Playas de Rosarito, la cual..... Continuar leyendo artículo aquí

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