El gobierno de Donald Trump ha implementado una serie de medidas migratorias más estrictas que no solo afectan a los inmigrantes indocumentados, sino también a turistas con un visado o documentación legal. Estas nuevas políticas están generando preocupación entre gobiernos extranjeros, quienes observan con alarma el aumento de detenciones.
Según un reportaje de The New York Times, la administración de Trump ha puesto en marcha una estrategia denominada “verificación mejorada”, que ha intensificado los operativos en aeropuertos y fronteras. El objetivo es revisar minuciosamente a los visitantes y detectar “posibles amenazas para la seguridad nacional”.
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¿Qué es la estrategia de verificación mejorada?
El gobierno de Trump ha reforzado sus medidas en materia de inmigración, argumentando que son “necesarias para la seguridad nacional”.
Algunos de los procedimientos implementados incluyen:
- Interrogatorios prolongados: Los turistas y residentes legales son sometidos a cuestionamientos más exhaustivos sobre el propósito de su viaje.
- Revisión de dispositivos electrónicos: Los agentes ahora tienen la facultad de revisar teléfonos móviles, computadoras y redes sociales de los viajeros.
- El Centro Nacional de Objetivos ahora identifica posibles amenazas entre los visitantes, incluso en base a sus opiniones políticas, como críticas al gobierno estadounidense.
Entre los casos más alarmantes, las autoridades detuvieron a dos alemanes en la frontera con México y los enviaron a un centro de retención sin acceso a un traductor. También rechazaron a un científico francés por mensajes críticos hacia Trump publicados en sus redes sociales.
Finalmente, el caso de la Dra. Rasha Alawieh, médica renal, que desempeñaba un trabajo legal en la Universidad de Brown en Rhode Island, fue deportada a pesar de tener un visa válida. Su deportación es la última de una serie de arrestos inusuales por parte de funcionarios de inmigración. Sin embargo, los abogados y jueces han denunciado la falta de debido proceso.
Las autoridades no han acusado formalmente de delitos a ninguno de los tres detenidos anteriormente mencionados, lo que ha generado críticas por lo que se percibe como una posible persecución política. Diversos grupos defensores de derechos humanos argumentan que estas políticas están limitando la libertad de expresión. Asimismo, acusan el uso de leyes migratorias para deportar a críticos del gobierno.
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