El Gobierno de Donald Trump enfrenta una nueva demanda federal que busca detener la revocación de visas emitidas a estudiantes internacionales. Esta demanda la presentó Kuck Baxter Inmigration, una firma de abogados especializada en derecho migratorio con sede en Atlanta, Georgia.
Este bufete de abogados presentó una solicitud de órden de límite temporal en el Tribunal de Distrito del Norte de Georgia para restablecer las visas canceladas a estudiantes.
La demanda presentada el viernes 11 de abril dice lo siguiente:
“Los registros de SEVIS (base de datos administrada por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU) de los demandantes fueron abrupta e ilegalmente terminados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, despojándolos de su capacidad para continuar con sus estudios y mantener empleo en Estados Unidos”
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Esta demanda nombró a tres funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, entre los demandados se encuentran: la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el director interino de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons.
El medio de comunicación CNN se contactó con la firma de abogados y uno de los abogados que presentó la demanda, Dustin Baxter, declaró que el bufete presentó esta demanda en nombre de 20 estudiantes internacionales, pero que ex caso podría extenderse hasta incluir a unos 200 estudiantes.
Los estudiantes que conforman esta demanda son en su mayoría de la Universidad de Georgia, este estado antes era mayormente republicano, pero últimamente se ha vuelto más dividido entre republicanos y demócratas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó a finales de marzo que se han revocado más de 300 visas, “principalmente visas de estudiantes, algunas visas de visitantes”.
Desde ese entonces el secretario ha dicho que algunos comportamientos como participar en protestas y liderar movimientos activistas disruptivos no serán tolerados.
La firma en la que Baxter contribuye asegura que el Gobierno de Donald Trump no debería tener como objetivo a activistas, a menos que cometan un crimen.
Con la revocación de visas, estudiantes han perdido oportunidad de continuar con su educación e incluso empleos.
