El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el viernes un paquete de leyes que destinará $50 millones para proteger las políticas estatales ante posibles desafíos de la administración Trump y para defender a inmigrantes en riesgo de deportación.
Las nuevas legislaciones asignan $25 millones al Departamento de Justicia de California para enfrentar batallas legales contra el gobierno federal y otros $25 millones para respaldar grupos legales que defienden a inmigrantes amenazados con la deportación. La medida llega en un contexto en el que la administración Trump ha intensificado sus acciones contra el estado, reavivando disputas sobre leyes ambientales, políticas de agua y derechos de inmigrantes.
El presidente de la Asamblea Demócrata, Robert Rivas, indicó que el gobierno federal está operando sin límites y sin respeto para la Constitución, asegurando se debe asignar recursos para proteger a los californianos de las amenazas constantes.
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La firma de estas leyes ocurre apenas un día después de que Newsom regresara de Washington, donde se reunió con el presidente Donald Trump y el Congreso en busca de ayuda federal para los recientes incendios forestales que devastaron áreas de Los Ángeles en enero, dejando más de dos docenas de fallecidos. Además, el mes pasado el gobernador aprobó un paquete de $2.5 mil millones para la respuesta estatal ante desastres, con la expectativa de un eventual reembolso por parte del gobierno federal.
Sin embargo, la decisión de Newsom de destinar fondos para combatir las políticas de Trump ha generado críticas entre legisladores republicanos.
Algunos detractores de la legislación han señalado que no existen garantías de que los fondos no sean utilizados para defender inmigrantes sin estatus legales que han cometido delitos graves. En respuesta, Newsom declaró que el dinero no tiene ese propósito y que, si es necesario, respaldará nuevas legislaciones para aclarar la asignación de los recursos.
California ha mantenido una postura firme contra las políticas de Trump, con más de 120 demandas presentadas contra su administración durante su primer mandato. Según la oficina de la fiscal general del estado, el costo total de estos litigios superó los $42 millones, con gastos anuales que oscilaron entre $2 y $13 millones.
Con esta asignación, el estado refuerza su compromiso de defender sus políticas y proteger a sus residentes más vulnerables ante las políticas por la administración federal.
