TIJUANA – El fusilamiento de 13 pacientes en un centro de tratamiento de adicciones, el pasado 24 de octubre al este de la ciudad, puso en evidencia el discurso de las autoridades sobre la supuesta disminución de crímenes de alto impacto.
Pero también cerraron de tajo esa retórica la evidencia de 818 muertes violentas que se tenían registradas del 1 de enero al 31 de diciembre, el segundo año más trágico en la historia de Tijuana seguido de 2008, cuando se tuvieron 843 asesinatos.
Tras el arresto en los primeros dos meses del año de Teodoro García Simental, alias El Teo, y Raydel López Uriarte, alias El Muletas, líderes de una sangrienta célula criminal auspiciada por el cártel de Sinaloa, las autoridades en el estado comenzaron a manejar el discurso de que la violencia ya era menor.
Incluso, durante una convención en octubre, el presidente de México, Felipe Calderón, dijo que Tijuana era un ejemplo por el éxito que había tenido en el combate al crimen organizado.
Oficialmente las muertes violentas registradas este año fueron entre narcotraficantes de menor rango que se disputaban el control de la venta de droga al menudeo en las calles.
No era como en los últimos dos años, cuando la célula criminal de El Teo y El Muletas intentaron desplazar de Tijuana al cártel Arellano Félix, liderado por Fernando Sánchez Arellano, alias El Ingeniero, sobrino de Benjamín y Ramón Arellano, fundadores de ese grupo delincuencial.
El saldo de esa guerra fue cientos de muertos, actos de sadismo nunca antes vistos y al menos 488 desaparecidos, 234 de ellos registrados en investigaciones de las fiscalías estatal y federal.
Sin embargo, el fusilamiento de trece internos del centro de rehabilitación El Camino en la colonia Buenos Aires Sur, al filo de las nueve de la noche del lluvioso 24 de octubre, puso en perspectiva la guerra que declaró el presidente Calderón en el país desde diciembre de 2007 y que ha tenido en Tijuana uno de sus escenarios más sangrientos.
Según la fiscalía estatal, esa noche tres sicarios reunieron en una sala a los internos y ahí les ordenaron que se acostaran boca abajo; después abrieron fuego con rifles de guerra R-15 y AK-47.
Hasta ahora ningún sospechoso había sido arrestado ni se conocía qué célula criminal fue autora de estos hechos. La fiscalía cree que participó una persona más en los hechos, un conductor que manejaba en un sedán, donde huyeron los asesinos.
Una semana antes de la masacre, las autoridades habían decomisado 134 toneladas de mariguana, que dos días después quemaron en instalaciones del Segundo Regimiento Militar con una difusión en medios nacionales e internacionales nunca antes vista.
Las imágenes de la quema del estupefaciente fueron acompañadas por frases como "decomiso histórico" o "golpe contundente al crimen organizado".
Paralelamente a este evento habían aparecido en puentes del sur y del oeste de la ciudad tres hombres decapitados y colgados de sus piernas, además de múltiples homicidios con indicios de ser parte del crimen organizado.
Los discursos de las autoridades, sin embargo, eran que la ciudad era más segura y que la percepción que se tenía era que ya no había comandos atacando o secuestrando impunemente.
Informado por empresarios, líderes de opinión y políticos de "la calma aparente en la urbe", el presiente Calderón dijo el 7 de octubre en la ciudad que Tijuana "era un modelo para el resto del país" por su combate contra el crimen organizado.
"La visión de la inseguridad tiene un contenido social", dijo Víctor Clark, un antropólogo social quien es director del Centro Binacional de Derechos Humanos y que ha analizado el fenómeno del narcotráfico desde hace 20 años.
Él cree que la clase social que vive en las zonas adineradas o en las áreas del Centro o la zona Río, el área financiera de la urbe, sí han sentido que la violencia ha disminuido, porque ahí sí bajaron los crímenes violentos.
Pero la gente que está en la zona este, donde autoridades estiman que vive un millón de personas de los 1.6 millones que comprende la población de Tijuana, nunca vio este descenso, dijo. Todos los días tenían noticias de personas asesinadas o desaparecidas.
Clark indicó que el fusilamiento de los trece pacientes del centro de rehabilitación, un cuadro de brutalidad que ya se había presentado en clínicas de Ciudad Juárez, pudiera abrir otro frente de ataque para los cárteles de la droga que, como volcanes, tienen periodos de calma mientras se reorganizan y buscan la forma de hacerse de armamento más poderoso y después hacen erupción dejando estelas de asesinatos.
Algunas clínicas contra adicciones frecuentemente son utilizadas por vendedores de droga o gente importante del crimen organizado para esconderse. Rara vez son revisadas por autoridades de salud o cateadas por las fuerzas del orden, dijo Clark.
A este panorama se suma que Julián Leyzaola, uno de los hombres clave en el combate al narcotráfico en Tijuana, ya no es el secretario de seguridad pública de la ciudad en el nuevo gobierno municipal del priísta Carlos Bustamante.
Leyzaola, un teniente coronal retirado del Ejército, realizó una purga al interior de la corporación sin precedentes: Más de 600 agentes bajo sospecha de corrupción o de trabajar para el crimen organizado renunciaron o fueron expulsados, 84 de ellos incluso fueron arrestados, desde diciembre de 2007 a noviembre de 2010.
Pero en el curso de alcanzar esto fue denunciado por tortura por la Procuraduría de los Derechos Humanos y su caso aún no ha sido resuelto. Aún así el gobernador José Guadalupe Osuna lo nombró subsecretario de seguridad del estado.
El nuevo secretario de seguridad de Tijuana es Gustavo Huerta, un capitán primero también retirado del Ejército que fue director de la policía municipal en el periodo de Leyzaola.
Cinco jóvenes fueron ejecutados en varios lugares de la ciudad en el penúltimo día del año. A pesar de la retórica a lo contrario, Huerta está heredando una dependencia que enfrentará este nivel de violencia.
Omar.millan@sandiegored.com
