Tijuana.- La finca donde un delincuente declaró que deshizo en ácido al menos 300 cadáveres fue abandonada por investigadores federales y estatales.
Dos años después de la confesión de Santiago Meza apodado El Pozolero por la labor criminal que hacía , oficialmente las autoridades sólo han hallado los restos óseos de diez cuerpos humanos en ese predio.
Familiares de desaparecidos creen que pudiera haber más cadáveres enterrados, no sólo en esa finca sino en otras ocho casas de seguridad de esa zona conocida como Ojo de Agua, un área casi rural al este de la ciudad.
Pero las investigaciones de 234 casos documentados por el estado, de 488 que ha enumerado un organismo civil conformada por parientes de las víctimas, se han entrampado en enredos burocráticos, la retórica de funcionarios estatales y en falsas pistas dadas por anónimos que han confundido más la situación de los casos.
Durante un recorrido con Fernando Oceguera, secretario de la Asociación Ciudadana contra la Impunidad, por la finca del Pozolero, se pudo constatar cómo las autoridades ya no realizan labor alguna por ahí.
El terreno, de unos 800 metros cuadrados situado en una colina, ya no es custodiado por policías federales, como lo hicieron durante meses. Adentro, hierbas espinosas han cubierto las zanjas que peritos abrieron para encontrar restos de cadáveres.
Las paredes tienen graffiti. Aún está en el sitio una pileta o escondite subterráneo de dos metros de profundidad y algunos tambos donde Santiago Meza confesó echar ácidos para verterlos sobre los cuerpos humanos sin vida, tras su arresto el 22 de enero de 2009.
Meza, según la fiscalía federal, hacía esa labor por órdenes de Teodoro García Simental, El Teo, quien junto con Raydel López Uriarte El Muletas, comandaban una sangrienta célula criminal apoyada por el cártel de Sinaloa. Este cártel libró una batalla contra el grupo Arellano Félix que entre 2008 y 2009 dejó una estela de mil 507 muertos, 390 desaparecidos reportados por sus familiares y más de cien secuestros sólo en Tijuana.
García Simental y López Uriarte fueron arrestados en enero y febrero de 2010, pero la violencia siguió. Para fines de año, las autoridades habían registrado 822 asesinatos en Tijuana.
Por eso quizá las 300 víctimas de las que habló Santiago Meza durante su detención no sean un mito, aseguró Fernando Oceguera, quien desde el 10 de febrero de 2007 busca algún indicio que lleve al cuerpo de su hijo Fernando Oceguera Ruelas, entonces de 23 años, secuestrado en su casa y desaparecido por un escuadrón de supuestos oficiales federales.
Él cree que no todos los cuerpos fueron dejados en ese predio que ahora está abandonado, sino en otras casas de seguridad en esa misma zona casi rural, donde las calles son veredas de tierra y es difícil ver la presencia de alguna corporación policíaca.
Algunos vecinos de la finca confirman esta versión. Señalaron de forma anónima, por temor a represalias, que la barda que hoy cubre el predio se hizo unos siete meses antes del arresto del Pozolero, y éste no siempre estaba en ese lugar sino en esa misma zona. Veían continuamente llegar pipas que distribuyen agua, donde presuntamente llevaban los cadáveres.
José Guadalupe Borbón, de 74 años, padre de Quirino Borbón, quien desapareció a los 24 años el 16 de mayo de 2004, también estuvo en el recorrido por la finca. Él aseguró que las autoridades estatales prácticamente cerraron su caso bajo el argumento que su hijo era vendedor de droga.
"Yo les he dado todos los nombres de los sospechosos y de las personas que a mí me han amenazado por seguir buscando a mi hijo y no hacen nada", dijo. "Por eso nosotros no confiamos en lo que nos dicen porque vemos la evidencia como la estamos viendo ahora en esta finca abandonada".
Para el subprocurador contra delincuencia organizada, Fermín Gómez, el estado no ha dado la espalda a las investigaciones y prueba de ello son las reuniones que sostuvieron en septiembre y octubre pasados con los líderes de la Asociación Ciudadana contra la Impunidad.
Hasta el momento, explicó Gómez, su departamento ha esclarecido diez casos donde se ha esclarecido el paradero de víctimas, donde hay personas detenidas que están en proceso judicial.
"Esto no es un aliciente, porque no se han resuelto todos los casos como se quisiera, pero es una muestra del interés del Gobierno del Estado", dijo al finalizar esas reuniones con familiares de desaparecidos.
Por su parte el fiscal estatal Rommel Moreno declaró que personal del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) está colaborando con el estado para tratar de esclarecer los casos de desaparecidos en Tijuana y el resto de Baja California.
Sin embargo, Oceguera señaló que todos los discursos de los funcionarios del estado han sido mera retórica y no han llegado a nada; por eso decidieron "brincarse" a las autoridades locales y buscar ayuda federal.
Convencieron a la Subprocuraduría de Investigación Especial de Delincuencia Organizada, la Siedo, cuya sede está en Ciudad de México, para que realice a los familiares de las víctimas pruebas de genética para compararlas con los restos óseos hallados. Además de juntar los 234 casos que representan en uno solo para agilizar las investigaciones.
De hecho, la Siedo reveló durante la aplicación de los exámenes de ADN que sólo se habían hallado los huesos de diez víctimas en la finca del Pozolero.
La buena coordinación con esa agencia federal se vio reflejada durante una infructuosa búsqueda de cadáveres llevada a cabo del 14 al 16 de diciembre en una supuesta fosa clandestina en el vaso de La Presa Abelardo L. Rodríguez, que se originó tras una serie de llamadas anónimas a Oceguera que le dieron pista falsas.
"Las autoridades locales no han hecho nada por nosotros porque nos han estigmatizado" dijo Oceguera, "como si todas los familiares que nosotros buscamos hubieran sido parte del crimen organizado y en venganza fueron levantados".
Omar.millan@sandiegored.com
