El anuncio de la renuncia de la Supervisora Nora Vargas a su servicio público representa una pérdida profunda para el condado de San Diego. Su decisión, motivada por preocupaciones de seguridad personal, no solo es una tragedia personal sino una vergüenza pública. La Supervisora Vargas, una líder latina y defensora incansable de las comunidades más vulnerables, ha sido una fuerza indispensable en la lucha por resolver la crisis de vivienda, mejorar la salud pública y abordar los desafíos ambientales. Su partida deja un vacío de liderazgo en un momento en que su visión y experiencia son más necesarias que nunca.
La situación que llevó a su renuncia plantea una pregunta inquietante: ¿cómo es posible que la Ciudad de San Diego y la Junta de Supervisores del Condado no puedan proteger a una de sus funcionarias públicas más valiosas y efectivas?
No es justo ni aceptable que una mujer, especialmente una líder latina, se vea obligada a abandonar su puesto debido a preocupaciones de seguridad. Este caso refleja un fracaso no solo del gobierno local, sino también del contrato social fundamental entre los líderes y las instituciones encargadas de protegerlos. El compromiso de la Supervisora Vargas con su comunidad debería ser respaldado con medidas concretas que garanticen su seguridad y la de todos los funcionarios públicos.
Exigimos que el alcalde de San Diego y la Junta de Supervisores del Condado respondan de manera pública y transparente. ¿Qué medidas se están tomando para abordar esta grave deficiencia? ¿Qué garantías ofrecerán para asegurar que ningún otro líder electo enfrente circunstancias similares?
Los residentes y contribuyentes de San Diego merecen un gobierno capaz de proteger no solo a sus ciudadanos, sino también a quienes los lideran. Quitarle a la comunidad una voz fuerte y efectiva como la de Nora Vargas, por razones de seguridad, es un fracaso que no se puede tolerar. Es momento de actuar y rectificar esta injusticia.
Por Francisco Moreno Fimbres
Ejecutivo de Relaciones Públicas y Gubernamentales de Grupo Calimax, excomisionado en Chula Vista y exmiembro del gabinete ampliado de dos alcaldes en Washington, D.C.
