San Diego.-El arreglo fuera de corte solo cubre la instalación ubicada en Otay Mesa, en el sur de California, acusada de causar "sufrimiento innecesario y muerte" y como parte del mismo la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no ha admitido ninguno de los alegatos.
David Blair-Loy, director legal de ACLU para los condados de San Diego e Imperial, dijo hoy a Efe que esta decisión tendrá impacto a nivel nacional ya que pese a que la instalación es privada, el cuidado de salud es proporcionado por autoridades federales.
El centro de detención es administrado por la Corporación Correccional de América (CCA), bajo un contrato con el ICE.
Blair-Loy dijo que su organización considera que es un resultado apropiado, pues no impide que individuos afectados tengan otros canales de acción individual.
"Este caso busca cambiar la situación para el futuro, si individuos hasta el momento consideran que han sufrido daños, pueden en forma separada buscar reparaciones legales monetarias, como en el caso de Francisco Castañeda", dijo Blair-Loy.
El salvadoreño murió en 2008 a consecuencia de complicaciones por cáncer luego que autoridades se rehusarán a proporcionarle exámenes y tratamiento en el 2005 mientras estuvo en custodia, por lo cual su familia fue indemnizada con 1.5 millones de dólares.
Como parte del arreglo alcanzado ayer, el ICE también ha aceptado modificar su política sobre cuidado médico que daba como resultado el rechazo de procedimientos que ellos consideraban de "no emergencia", incluyendo cirugías del corazón y biopsias en casos de cáncer.
En el 2004, cuando el ICE tenía detenidas a cerca de 24 mil personas en todo el país, se registraron 28 muertes de prisioneros en tanto que en el 2010, con cerca de 30 mil detenidos, se han presentado ocho muertes.
"Por vez primera, el ICE se ha comprometido a proveer todo el cuidado de salud necesario para los detenidos en casos de inmigración más allá de solamente el cuidado de emergencia", dijo Elizabeth Alexander, ex directora del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU.
Entre las provisiones del acuerdo se encuentran requisitos para que los detenidos reciban cuidados de salud que cumplan o excedan los estándares establecidos por la Comisión Nacional sobre Cuidado de Salud en Cárceles.
También se tiene previsto añadir en un plazo de nueve meses a un psiquiatra y cuatro enfermeras psiquiátricas de tiempo completo para asegurar que los detenidos reciban una salud mental adecuada.
El acuerdo también requiere que se eliminen políticas actuales y todas las declaraciones que sugieren que los detenidos recibirán solo servicios médicos de emergencia y que se incluya en las mismas políticas declaraciones explícitas que obliguen a proveer cuidado médico cuando sea necesario para atender una necesidad médica seria.
Originalmente sometida en el 2007, la demanda alegaba que los detenidos en la Instalación Correccional San Diego en forma rutinaria eran sujetos de largas esperas antes de recibir tratamiento por enfermedades crónicas y les negaban los servicios esenciales prescritos por personal médico.
La demanda citó 11 casos, incluidos los de varios detenidos con trastornos bipolares y depresión sin tratamiento, un hombre al que se obligó a esperar más de ocho meses por una cirugía en el ojo por la que casi sufrió desfiguración permanente, y detenidos que nunca recibieron atención a pesar de sufrir de diabetes tipo 2, hipertensión, y severos dolores en el pecho, entre otros.
"La calidad del cuidado médico provisto a los detenidos en la Instalación Correccional San Diego ha sido inconstitucional. Los funcionarios de ICE deben de asegurarse de que los detenidos en casos de inmigración no sufran o mueran innecesariamente", dijo David Blair-Loy, director legal de ACLU en los condados San Diego e Imperial.
La demanda alegó que la negativa de los oficiales de inmigración de proveer el cuidado médico adecuado violaba la quinta enmienda de la Constitución que prohíbe el sufrimiento y dolor innecesarios de detenidos en casos federales.
Debido a que los funcionarios a cargo de dicha instalación alegaban que los detenidos no estaban cumpliendo una sentencia criminal, decían también que la quinta enmienda no protegía sus derechos civiles.
El arreglo fuera de corte no impide que pueda haber demandas por parte de personas bajo custodia del ICE y detenidas en la instalación San Diego.
El arreglo solo cubre el centro del sur de California, pese a que la CCA, junto con su compañía subsidiaria TransCor America, es el quinto sistema correccional más grande de EE.UU, solo detrás del federal y tres estados, al alojar cerca de 75 mil detenidos en más de 60 instalaciones.
