Los firmantes, todos ellos servidores públicos, manifiestan ser víctimas de publicaciones difamatorias de parte de los medios que conformamos esta empresa en Baja California, las cuales, aseguran, carecen de sustento y están motivadas por un interés económico de Grupo Healy y no de un propósito periodístico e informativo.

En Grupo Healy no extorsionamos, informamos. El derecho a la libertad de expresión lo defendemos no porque consideremos que nos da el poder de decir lo que queremos, sino de comunicar a la población lo que creemos que es importante para el desarrollo de una sociedad más plural, participativa y democrática.

En LA CRÓNICA, FRONTERA Y FRONTERA ENSENADA, tenemos como máxima editorial sustentar lo que publicamos tanto en nuestras ediciones impresas como en los portales de noticias y redes sociales, y es por ello que exponemos a quienes hoy se inconforman y a la opinión pública en general las siguientes consideraciones:

¿Es acaso extorsión y difamación informar… Sobre las propiedades adquiridas por el Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, mientras se encuentra en funciones y de las cuales se niega a dar detalle?

¿Que Baja California ocupa el primer lugar en delitos del fuero común en la Zona Norte del País como lo establecen las estadísticas del Secretariado Técnico de Seguridad Pública Nacional de la Secretaría de Gobernación?

¿Sobre la deficiencia y rezago en obras públicas en el Municipio de Tijuana como la ciclovía y calle Segunda que ha tenido graves afectaciones al comercio establecido?

¿Sobre una investigación donde denuncian corrupción en el parque Juventud 2000 en Mexicali? ¿Que el Alcalde de Tecate es el mejor pagado del Estado, mientras el Pueblo Mágico sufre por problemas económicos?

La población tiene el derecho de conocer los hechos relevantes que la afectan y en ello basamos nuestros principios editoriales. Dos puntos de la Declaración de Chapultepec adoptada por La Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México, D.F. el 11 de marzo de 1994, cobran especial relevancia en el contexto actual.

El punto número 6 que señala que "Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan" y el 10, en donde se establece que "Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público".

No es propio de un sistema democrático que escudados en su investidura, los servidores públicos del Estado y los municipios intenten intimidar a medios de comunicación independientes cuya información está basada en datos comprobables, y sustentada con opiniones siempre de expertos, voces de la sociedad civil y enterados de los temas sociales, políticos y económicos que aquejan a Baja California.

Los mexicanos están ya cansados de la corrupción y los abusos de algunas autoridades de gobiernos en el ejercicio de sus funciones, por ello en Grupo Healy refrendamos el compromiso con Baja California y México de informar con veracidad sobre todo aquello que afecte a los ciudadanos, en especial, acerca de las acciones que realizan los servidores públicos con los impuestos que reciben de los ciudadanos.