California busca eliminar las etiquetas de “fecha de caducidad” en los alimentos, argumentando que son engañosas y causan confusión entre los consumidores. Según el gobernador Gavin Newsom, estas etiquetas, como “vender antes de” o “consumir preferentemente antes de”, no tienen un significado universalmente definido y contribuyen significativamente al desperdicio de alimentos.

La variedad de etiquetas de fecha en los productos envasados, a menudo generan incertidumbre entre los consumidores. Si bien estas fechas sirven como guía para que las tiendas retiren los productos de los estantes, no son un indicador preciso de si un alimento es seguro para el consumo.

Esta nueva legislación busca reducir el desperdicio de alimentos, una problemática que contribuye significativamente a las emisiones de gases y al calentamiento global. Al eliminar las etiquetas confusas, se espera que los consumidores confíen más en sus propios sentidos (vista, olfato y gusto) para determinar la frescura de los alimentos, reduciendo así la cantidad de productos en buen estado que terminan en la basura.

La ley entrará en vigor en julio de 2026 y va a establecer un nuevo estándar de etiquetado de alimento en California; de esta manera se exigirá el uso de la etiqueta “mejor si se usa antes de” para indicar la máxima calidad y la etiqueta “usar antes de” para la seguridad del producto, un enfoque recomendado por agencias federales.

California: Líder de iniciativas para reducir desperdicio de alimentos

Se estima que en Estados Unidos, incluyendo California, se desperdicia alrededor del 40% de todos los alimentos producidos. Lo que quiere decir que una gran cantidad de comida termina en los vertederos en lugar de ser consumida. Este desperdicio contribuye al cambio climático y muchos alimentos en descomposición producen metano, gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono.

Con el paso del tiempo, California se ha encargado de crear estrategias, entre estas la “SB 1383”, ley aprobada en 2016, que establece objetivos en la reducción de desperdicio de alimentos orgánicos en el estado. Exige a las comunidades y empresas a separar los residuos orgánicos del resto de la basura y enviarlos a sitios de compostaje. De igual forma, se han implementado incentivos económicos para fomentar esta reducción, como subvenciones para proyectos de compostaje o donación de alimentos.