Una residente de medicina denunció el abuso de poder por parte de un médico del Hospital General de Tijuana, lo que resultó en su expulsión injusta. La joven aseguró que esto se debió a que se le acusaba de intentar desprestigiar al doctor mediante la queja que interpuso.
Se trata de la Dra. Amapola García Bernal, de 31 años, quien cursaba el tercer año de la especialidad en cirugía en el Hospital General de Tijuana. En 2022, la Dra. García Bernal sostuvo un enfrentamiento verbal que escaló hasta una queja administrativa. Tras esta situación, la joven fue objeto de una serie de hostigamientos. La Dra. Amapola asegura que el departamento de Enseñanza del hospital manipuló la información en su contra, presentándola como la autora del acoso que se vive en el hospital, sin permitirle derecho a réplica.
La mujer relata haber denunciado a un médico del servicio de urgencias del Hospital General de Tijuana por maltrato verbal e intento de maltrato físico, con testigos que respaldan el reporte. Sin embargo, en lugar de abordar la denuncia, el hospital ha encubierto el maltrato que sufrió la joven, intentando construir un historial de acoso en su contra, emitiendo cartas de demérito académico y forzando a compañeros residentes a dar testimonios falsos, hasta obligarla a firmar reportes con fechas falsas para justificar su destitución.
Cabe mencionar que, en enero de 2024, directivos del instituto encabezaron una comisión denominada “Comité de Enseñanza e Investigación del HGT”, a la cual no convocaron a la Dra. García Bernal. Mediante una votación del personal que no tiene vinculación con la Especialidad en Cirugía General, se determinó su “baja por indisciplina” y fue automáticamente expulsada.
Es evidente que existe un trato diferenciado por razones de género en el hospital. He soportado humillaciones constantes, acoso sexual y malos tratos por parte de varios médicos a lo largo de mi residencia
Esto declaró la Dra. García Bernal.
Asimismo, hizo un llamado a la gobernadora del estado, al secretario de salud y al rector de la Universidad Autónoma de Baja California para que su caso sea analizado, pues se encontraba a tan sólo un año de culminar sus estudios.
Tras seis meses de batalla para terminar su residencia, la joven ha hecho pública su historia con el objetivo de buscar justicia y que su caso sea revisado conforme a la ley, de manera imparcial y sin abuso de poder.
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