Ciudadanos que se reservan su identidad por secreto de la investigación en curso, bajo carpeta de investigación iniciada ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California Sur, denunciaron que funcionarios públicos y un grupo de abogados ligados familiarmente, radicados en el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, pretenden apropiarse de forma ilegal de un predio de 5-19-72 hectáreas que se encuentra ubicado en el kilómetro 3+500 de la carretera transpeninsular, tramo Cabo San Lucas-Todos Santos.

Los afectados, que incluyen tanto personas morales como ciudadanos mexicanos y estadounidenses, han señalado que funcionarios del Municipio de Cabo San Lucas y abogados vinculados familiarmente a estos funcionarios intentan cometer fraude para despojarlos de varias villas ubicadas en el fraccionamiento Villas Cabo Hills, situado en dicho Municipio.

Derivado del intento de fraude, los afectados interpusieron una denuncia penal en contra de diversos funcionarios, abogados y particulares, por la burda simulación cometida dentro de un juicio laboral radicado ante la Junta Especial número 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Cabo San Lucas, Baja California Sur, bajo número de expediente I-005/12, expediente de origen I-48/94.

Sobre cómo se enteraron del fraude millonario denunciado, explicaron que “al momento de intentar comercializar una de las villas afectadas, el notario les indicó que no sería posible continuar con el proceso de venta, ya que existía un gravamen o embargo derivado de un juicio laboral, siendo este precisamente el radicado bajo expediente I-005/12, expediente de origen I-48/94.

Derivado de dicha manifestación del notario, los afectados procedieron a contratar los servicios de un grupo de abogados de la Ciudad de México, quienes en colaboración con abogados de Baja California se encargaron de la investigación sobre el motivo del embargo que afectaba a sus propiedades.

El despacho encargado de proteger los intereses de los afectados informó que existía un embargo laboral derivado de una demanda presentada por cuatro trabajadores de la construcción, la cual data de hace más de 30 años (1994). El monto reclamado por los trabajadores era de $28,000.00 pesos mexicanos. Esta demanda estaba registrada bajo el EXPEDIENTE NÚMERO I-005/20132 DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 6 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN CABO SAN LUCAS.

El secretario auxiliar de dicha Junta, actuando de manera indebida y violando los derechos de propiedad de diversas empresas y particulares, ordenó el embargo de un predio con una superficie de 5-19-72 hectáreas. Aunque en el juicio laboral se había llevado a cabo el remate y adjudicación de una villa identificada con el número 1, el funcionario, en complicidad con un grupo de abogados, simuló que la adjudicación se refería a un polígono de 5-19-72 hectáreas. En realidad, el inmueble adjudicado tenía solo 203 metros cuadrados y correspondía a una sola vivienda.

Además, se indicó que, en el proceso laboral, se embargó y adjudicó una villa en el fraccionamiento Cabo Hills, identificada con el número 1. Sin embargo, el secretario auxiliar, de manera fraudulenta, ordenó el embargo no solo de dicha villa de 208 metros cuadrados, sino también de un polígono de casi 6 hectáreas.

Contra el embargo fraudulento ordenado por el secretario auxiliar, el grupo de abogados recomendó a los afectados promover INCIDENTE DE REVISIÓN DE ACTOS DEL PRESIDENTE EJECUTOR, precisamente contra los ilegales embargos ordenados mediante determinaciones de fechas 03 de noviembre y 15 de diciembre de 2022, ordenadas por dicho funcionario cuyo nombre se omite por secreto de la investigación penal en curso.

Relatan los afectados que la propia autoridad, reconociendo su error, resolvió en la vía incidental dejar sin efectos los embargos trabados en contra de sus propiedades. Sin embargo, una de las presuntas implicadas promovió juicio de amparo el cual fue radicado ante el Juez Tercero de Distrito mintiendo esta ante la autoridad federal, pues no obstante que el inmueble materia del embargo y adjudicación era precisamente el inmueble conocido como villa 1 del fraccionamiento conocido como Villas Cabo Hills, falsamente refirió a la autoridad federal ser la adjudicataria de un polígono identificado con el número 1, el cual consta de 5-16-72 hectáreas.

Refieren los afectados, que no obstante que fue hecho del conocimiento del propio juzgador federal, la posible comisión del delito de falsedad ante las autoridades, dicho juzgador federal de forma extraña hizo caso omiso y no obstante su obligación de hacer del conocimiento de la autoridad investigadora de delitos en materia federal, este ignoró a los afectados quienes de forma puntual le señalaron la probable comisión de un delito omitiendo dar vista a la fiscalía tal juzgador.

Siendo este tipo de prácticas dudosas del juez federal, precisamente aquellas que han dado paso a que se intente reformar al Poder Judicial Federal, por parte del Poder Legislativo, lo cual hoy en día resulta inminente, pues con ella se busca erradicar los actos de corrupción.

Según los afectados, dicho juzgador federal resolvió en tiempo récord (30 minutos) el amparo promovido por la adjudicataria de la cual se omite el nombre para no entorpecer las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California Sur, no obstante que el expediente laboral y sus pruebas aportadas constan de más de 2600 hojas, resolviendo en cuestión de minutos en la audiencia constitucional señalada dentro del amparo promovido por una de las denunciadas, pues de acuerdo al criterio de dicho juzgador federal, los afectados carecían de legitimación (o derecho) para pedir a la autoridad la revisión de sus actos, no obstante que los afectados acreditaron de forma fehaciente y con escrituras públicas elaboradas por notarios públicos, SER LOS LEGÍTIMOS PROPIETARIOS DE DICHAS VILLAS, que se encuentran dentro del fraccionamiento conocido como Villas Cabo Hills.

Como parte de las pruebas que se encuentran dentro del amparo federal, se encuentran documentos fehacientes que acreditan que el inmueble embargado y posteriormente adjudicado, se trata de la villa identificada con el número 1 del fraccionamiento Villas Cabo Hills, y no el polígono de 5-19-72 hectáreas que falsamente la denunciada se dice propietaria.

No obstante, que la propia denunciada aceptó y reconoció que le fue adjudicada a quien le cede los derechos de adjudicación (Emilio Costich López, actual funcionario del Gobierno Municipal de Los Cabos y coordinador y promotor de afiliación del Partido del Trabajo en el municipio), únicamente la villa marcada con el número 1 del fraccionamiento Villas Cabo Hills, esta en complicidad de la autoridad, pretende simular que el inmueble adjudicado fue el polígono 1 con superficie de 5-19-72 hectáreas, cuando en realidad le fue adjudicado el inmueble identificado como villa 1 de dicho fraccionamiento, el cual cuenta con una superficie de 207 metros cuadrados.

Es por ello que los afectados por la dolosa y corrupta acción de las autoridades locales y federales, han decidido conjuntar esfuerzos, dar parte y solicitar la intervención de las siguientes instancias y actores públicos, jurídicos, técnicos y sociales para que participen en el marco de sus atribuciones y facultades en la solución de este conflicto, en donde la maraña de intereses de funcionarios locales, y jueces federales cobijados al amparo del PT, pretenden quedarse con bienes inmuebles que no les pertenecen.