Las zonas de Imperial Beach y Coronado, en California, han sido afectadas por la crisis de las aguas residuales de Tijuana, que ha provocado cientos de días de cierre de playas y miles de personas enfermas por las aguas residuales no tratadas y los residuos tóxicos que se han vertido desde el río Tijuana al Océano Pacífico.

Según un estudio realizado por GeoHealth más de 34 mil personas han enfermado debido a las aguas residuales en Imperial Beach en 2017.

En días anteriores, los 18 alcaldes del condado de San Diego enviaron una carta al gobernador Gavin Newsom solicitando que declarara el estado de emergencia por la crisis de las aguas residuales que representa una amenaza económica y de salud pública.

Debido a la situación diversos negocios locales y visitantes de la playa también se han visto afectados, ya que se han aplicado cierrre en algunas zonas, lo que imposibilita el acceso de los turistas.

La alcaldesa de Imperial Beach ha enviado incluso dos cartas a la Casa Blanca solicitando que se declare el estado de emergencia y se destinen fondos para reparar la planta de tratamiento de aguas residuales de South Bay en San Diego.

“La magnitud de esta crisis, con sus consecuencias de largo alcance, exige la movilización total de todos los recursos y autoridades de aplicación a disposición del estado”, dicen los alcaldes en su carta.

A causa de la problemática ambiental, el gobernador Gavin Newsom mandó una carta al presidente Joe Biden, el pasado 9 de septiembre, con el fin de obtener $300 millones de dólares, y hacer reparaciones urgentes a la planta de tratamiento en la frontera entre Estados Unidos y México.

Sin embargo, Newsom no llegó a declarar una emergencia, solo solicitaron que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos utilice los fondos que el Congreso asignó hace tres años para reparar y ampliar la planta federal de tratamiento de aguas residuales.

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¿Qué cambios habría si se declara estado de emergencia?

La Alcaldesa de Imperial Beach, Paloma Aguirre mencionó que cuando se declara el estado de emergencia, se reducen muchos trámites burocráticos. Por ejemplo, podría acelerar y simplificar el proceso de licitación para contratos de construcción y liberar dinero federal para personal, equipos y suministros.

Sin embargo, los abogados ambientales y los investigadores de políticas públicas dicen que la contaminación transfronteriza no se ajusta a la definición de emergencia o desastre mayor según la Ley Stafford.

El objetivo de la financiación es apoyar incidentes repentinos o inesperados, como desastres naturales, derrames accidentales de petróleo o, más recientemente, enfermedades contagiosas como la pandemia por COVID-19, la ley no incluye situaciones cuyas necesidades sean a largo plazo o de mayor alcance.

En muchos casos, el trabajo de emergencia incluye remoción de escombros, medicinas y alimentos, refugio de emergencia o asistencia de vivienda.

Una problemática que no ha sido frenada en años

Los informes de fugas de aguas residuales de Tijuana a San Diego se remontan a la década de 1930, y pese a que se realizaron mejoras significativas en 1990, el sistema de plomería de la ciudad ha presentado muchas fallas.

En los últimos dos años ha sufrido rupturas de tuberías y otros problemas que han provocado que 30 millones de galones de aguas residuales parcialmente tratadas fluyan hacia el Océano Pacífico todos los días.

Sumado a ello, la falta de recursos estatales disponibles para abordar la crisis podría perjudicar los esfuerzos por una declaración de emergencia.

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