A través de un comunicado, la Consejería Jurídica de Presidencia de la República ha mencionado que el Ejecutivo Federal impugnará la admisión a trámite por la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) que derivó en la suspensión total que frena los avances del “plan b” del presidente Obrador.

“Resulta fundamental que los ministros que integran la SCJN actúen dentro de las atribuciones que le corresponden… el Ejecutivo federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano, y solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva, al resultar contrarias a los principios fundamentales del Estado de derecho que nos rige, pues resulta preocupante que el ministro instructor desconozca las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales, lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar un equilibrio sano entre los Poderes de la Unión”, agrega la Consejería Jurídica de Presidencia.

En un comunicado emitido este domingo, la dependencia critica que el que “en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya admitido la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y concedido “una suspensión total para que no surta efectos el decreto que modifica diversas leyes en materia electoral” y “que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros”.

La dependencia considera que “se trata de régimen de excepción que modifica los precedentes jurisprudenciales en la materia y anula por completo la presunción de validez constitucional que toda norma general posee”.

“No es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir. Conforme a los criterios de la propia SCJN, las medidas cautelares de esta naturaleza solo pueden otorgarse, en todo caso, respecto de actos eminentes e inmediatos, pero nunca con relación a actos futuros e inciertos. Resulta preocupante que el ministro Laynez Potisek suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido cuando el INE no lo solicitó así, pues, incluso, no impugnó la totalidad de las normas modificadas, sino sólo aquellas que considera pueden afectar la operatividad del instituto”, añade Consejería Jurídica de Presidencia.

Agregó que “es falso que se pongan en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la organización de las elecciones, ya que no existe ningún proceso electoral federal en curso, por lo que se trata de una resolución injustificada e innecesaria. El Estado de derecho jamás ha estado amenazado con la aprobación de las reformas a las leyes electorales”, apunta Consejería Jurídica de Presidencia.

Reitera que el llamado Plan B de su reforma electoral busca “reducir los costos burocráticos de las elecciones y afianzar los principios democráticos para que los derechos político-electorales de la ciudadanía sean verdaderamente respetados y no ocurran más fraudes, como en el pasado”.

Nota original de MVS.

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