El 31 de agosto pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa preferente “Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.”

Con esa propuesta, el Ejecutivo Federal pretende continuar otorgando las funciones de la Guardia Nacional al ejército y, con ello, profundizar en un modelo de militarización de la seguridad pública en México. El sábado 3 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa, por lo que ahora pasará al Senado para su revisión.

Los centros, programas, clínicas y observatorios del Sistema Universitario Jesuita en México (SUJ) reiteramos nuestra preocupación por estas reformas legales contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que establece que la Guardia Nacional tendrá un carácter civil) y a diversos llamados internacionales que se le han hecho a México para desmilitarizar la seguridad pública.

Entre otras, nos preocupa que la propuesta le da a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) el control administrativo, operativo y organizativo de la Guardia Nacional, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se encargaría de la elaboración de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, lo cual es confuso porque su operación dependería de la SEDENA.

La iniciativa obliga a la SSPC a transferir “a la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro de un plazo de sesenta días naturales, los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales y gastos de operación de la Guardia Nacional, así como los recursos materiales destinados a su operación.

La propuesta de reformas también amplía las facultades del Presidente para disponer de la totalidad de las fuerzas armadas, sin establecer bajo qué circunstancias o momentos puede hacerlo. Asimismo, incluye la exclusión de quienes formaban parte de la Policía Federal y prevé que la jerarquía de la Guardia Nacional deberá asemejarse a la de las fuerzas armadas.

Finalmente, la capacitación -incluida la relativa a derechos humanos- que reciban integrantes de la Guardia Nacional será impartida por la SEDENA y los integrantes de la primera tendrán fuero militar. Estas dos atribuciones van en contra de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Radilla Pacheco, Inés Fernández y Otros, Valentina Rosendo y Otra, y Alvarado Espinoza y Otros.

La iniciativa es contraria a diversos tratados de derechos humanos ratificados por México y a la Constitución, que en su artículo 21 establece expresamente que la Guardia Nacional es una institución policial de carácter civil. Los transitorios de la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional, establecieron un plazo de cinco años para la salida de las fuerzas armadas de estas labores al ser una actividad extraordinaria y subordinada al mando civil.

Ante lo anterior, el Sistema Universitario Jesuita en México:

• Recuerda que en sus recientes Jornadas por la Paz con Justicia en México, llamó a revisar la política de seguridad desde un enfoque civil y con el pleno respeto a las leyes y los derechos humanos.

• Lamenta la rápida aprobación de la iniciativa por la Cámara de Diputados. Asimismo, insta a la Cámara de Senadores a revisar a detalle la iniciativa enviada por el Presidente de la República y, en su momento, a rechazarla por ser inconstitucional e inconvencional.

• Pide respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver a la brevedad los recursos jurídicos que tiene pendientes respecto de este tema, y que servirían como un auténtico contrapeso al poder público.