La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto impulsado por el ex gobernador del Estado de Baja California, Jaime Bonilla, en donde pretendía municipalizar el uso del agua, que se encuentra en manos de la administración estatal.

El 29 de julio del 2021 se publicó el Decreto 289 por medio del cual se pretendía que el Gobierno del Estado cediera los servicios del uso del agua y sus aplicaciones a las administraciones municipales. Sin embargo, ciertas irregularidades en el proceso de creación del decreto, lo invalidaron.

Esa irregularidad, u omisión consiste en que el Congreso Local no invitó al resto de los municipios a participar en el diálogo de la creación del Decreto. Según como lo exige el artículo 30 de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, tal participante no tendrá función como votante, pero si participará en el diálogo que propicie la creación de proyectos concernientes al Estado y los Municipios.

ARTÍCULO 30

Se anunciará al Ejecutivo con cinco días de anticipación cuando haya de discutirse un proyecto, a fin de que pueda enviar al Congreso, si lo juzga conveniente, un orador que, sin voto, tome parte en los debates. En los mismos términos se mandará anuncio al Tribunal Superior de Justicia, cuando la iniciativa se refiera a asuntos relativos a la organización y funcionamiento del ramo de Justicia.

Los Ayuntamientos al mandar su iniciativa podrán designar su orador.

Jaime Bonilla esta citado para comparecer frente a la justicia el próximo 22 de octubre del presente año por favorecer a la empresa Next Energy a través de contratos que únicamente el Poder Federal podía conceder, en los cuales comprometen la economía de todo el Estado de Baja California.

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