Datos arrojados dentro del reporte del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) señalan un incremento de violencia durante los años 2020 y 2021 en el Estado de Baja California; años en que estuvo dirigiendo el estado, la administración de Jaime Bonilla.

Los datos señalados por la INEGI mencionan que solamente durante esos dos años, la violencia incrementó más que en los últimos diez años dentro del estado. Durante la administración de Jaime Bonilla, Baja California ocupó el primer lugar como la entidad más violenta del noroeste del país, por encima de Nuevo León, con 1065 asesinatos, o Chihuahua con 2,749.

Un dato relevante es que, durante la gestión de Jaime Bonilla, desapareció la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, la cual desapareció al finalizar sus dos años de mandato.

En los últimos diez años en Baja California se habían registrado números de asesinatos muy por debajo de los que se presentaron durante los primeros meses de gobierno del morenista. Por ejemplo, durante el primer mes de la administración de Guadalupe Osuna Millán, que abarca del 31 de diciembre al 1ro de enero del 2008, Baja California registró 853 asesinatos dolosos, es decir, un promedio de 71.08 por mes; de igual manera durante el gobierno de Kiko Vega, se reportó una cantidad menor, con 714, lo que significó un promedio de 59.5 asesinatos por mes.

Estos números parecen referir a otra entidad dada la violencia que se vive hoy en día y que tiene su punto de elevación, durante el Gobierno de Bonilla. Durante el primer año de su gobierno, se registraron aproximadamente 244.83 asesinatos dolosos por mes. Lo que significa un aumento tres veces mayor que los gobiernos anteriores, incluyendo en de Vega de Lamadrid en el 2019.

Los datos que aporta el INEGI se agregan a la serie de escándalos que dejó el gobierno de Jaime Bonilla, que parece que pasará a la historia del estado, como una de las administraciones más turbias del país. Actualmente Bonilla está acusado de peculado por 12 mil millones de pesos, delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, usurpación de profesión, además de comprometer al actual gobierno de Baja California, de pagar una indemnización de 6 mil millones de pesos a la empresa Next Energy, en caso de no permitirse la construcción fraudulenta de la planta fotovoltaica.

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