Con el objetivo de que la explotación de litio sea exclusivo de la nación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados que pretende reformar la Ley Minera, evitando así que se le otorguen concesiones a empresas extranjeras.

Luego de que la Reforma Eléctrica fuera rechazada por mayoría en el senado, y tras llamar traidores a los legisladores opositores, el mandatario sigue con su intención de "defender los intereses del país", dándole soberanía energética sobre el litio y otros minerales estratégicos para la innovación tecnológica y la transición energética.

El plan de nacionalización del litio, según sus palabras sería “para beneficio del desarrollo nacional”, teniendo en mente el uso de una empresa que se dedique a explotarlo, extraerlo, procesarlo, industrializarlo y venderlo.

Ante una posible nueva renuencia de la oposición, López Obrador dijo que los amparos y controversias serán resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En un documento oficial de la presidencia se indica que la sobreexplotación de los yacimientos mineros ha beneficiado solo los intereses particulares, principalmente los extranjeros y, con ello, se han contaminado ríos, mantos freáticos y se ha causado daños al medio ambiente y a la salud de miles de personas.

Para poner las bases en contexto, la Ley Minera fue expedida en 1992 y estuvo diseñada para otorgar concesiones, no obstante, el Estado asegura que “es una ley carente de sentido social, solidario o fraterno” ya que 60% del territorio nacional está siendo explotado por empresas privadas o monopolios, por lo que promueven las modificaciones pertinentes.

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