La noche de este miércoles 16 de marzo la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmedo transmitió un en vivo desde sus redes sociales donde exhibió su preocupación debido a que el Banco Afirme no ha regresado los 123 millones de pesos que desde los Tribunales se les ordenó regresarlo.

La justicia ha ordenado al banco Afirme a que regrese la cantidad de 123 millones de pesos, con absoluta sorpresa me entero que el banco no ha querido regresarle este dinero al pueblo de Baja California

Este dinero fue entregado por la administración pasada a cargo de Jaime Bonilla, como parte de las participaciones federales que le correspondían a Baja California, esto para constituir un fondo de reserva para el fideicomiso de la planta fotovoltáica, la cual ya no se construirá por falta de permisos. Es por ello que se procedió legalmente para recuperar los recursos y así proteger las finanzas del estado.

“Por eso desde aquí quiero hacer un enérgico llamado al Banco Afirme a la brevedad regrese esos recursos a Baja California, es importante que se cumpla con esta resolución judicial, que se dé cumplimiento a una resolución que ya se determinó. Mi gobierno va a seguir trabajando, va seguir luchando para proteger el dinero de las familias bajacalifornianas, el dinero que se debe utilizar en beneficio del estado, no vamos a permitir que se apropien de los recursos públicos, de los recursos que le corresponde al bienestar de las familias de Baja California” finalizó la gobernadora.

Hace una semana se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra siete ex funcionarios del gabinete del exgobernador, Jaime Bonilla, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, falsedad y peculado de 12 mil millones de pesos, tras haber autorizado este proyecto sin tener las facultades legales.

Cabe destacar que fue en junio del 2021 cuando se anunció la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali, Baja California, la cual tenía pensado que suministrara energía al Acueducto Río Colorado-Tijuana. De acuerdo con Bonilla se daría una “soberanía energética a Baja California”, no obstante, dejó de operar debido a que el gobierno del Estado señaló que el contrato tenía condiciones “ventajosas”.

Finalmente, el secretario y el consejero coincidieron en que no se trata de cancelar una inversión afectando a la sociedad, sino más bien de proteger las finanzas públicas para destinar los recursos a acciones sustantivas que son prioridad para el gobierno que encabeza Marina del Pilar Avila Olmeda, además de dejar en claro que no se dará espacio a ningún acto de corrupción, al mismo tiempo que se le da un lugar privilegiado a la transparencia dentro de la agenda pública.

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