En las últimas semanas se han estado destapando algunas de las irregularidades sobre cómo se manejaron los fondos públicos del Estado de Baja California durante el gobierno del exgobernador Jaime Bonilla Valdez. Los daños, según informó en un primer momento la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrían ser de hasta 200 millones de pesos.

Posterior a eso, el Semanario Zeta también realizó un reportaje en cual señala que la cantidad de daños en facturas no comprobadas , el registro de pagos a personal que no cuenta con el perfil de la actividad o incluso pago a nóminas no actualizadas, así como sobreprecios en obras realizadas podría superar los 1,105 millones.

Pero esto no es todo, este 4 de marzo de 2022, el Gobierno de Baja California presentó una demanda por malversación de fondos que alcanzan los 12 mil millones de pesos, debido al contrato que realizó el gobierno de Jaime Bonilla con Next Energy para la Planta de Energía Fotovoltaica.

Durante una conferencia de prensa, encabezada por el consejero jurídico, Juan José Pon, y el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexía, se aseguró que realizaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra funcionarios públicos y exfuncionarios debido al abuso de autoridad.

“Al tener la evidencia tangible de un daño financiero a las finanzas públicas, el gobierno del estado, a través de los equipos involucrados en este proceso iniciamos una serie de acciones legales con la intención de contener los efectos adversos… De esa manera tuvimos la presentación de una demanda” comentó Marco Antonio Moreno Mexía.

Esto permite cancelar el contrato que la administración pasada firmó a través de un fideicomiso con la empresa Next Energy, la cual ya ha presentado su primer factura al gobierno de Baja California que tiene un monto de 123 mil millones de pesos “asumiendo el repago de esta inversión”.

“En relación a este planteamiento el gobierno del estado ha iniciado una serie de procedimientos y acciones legales para contener el efecto del pago” dijo Moreno Mexía en conferencia, quien añadió que la gobernadora ha instruido tomar medidas para no tener que realizar un repago de una inversión que no se ha realizado.

Por su parte, el consejero jurídico, Juan José Pon aseguró que este proyecto que no se ha iniciado, pero que sí ha cobrado millones, es en un 200% más caro de lo que realmente debería de costar el proyecto como el que está en cuestión. Igualmente aseguró que el contrato era injusto, debido a que era prácticamente obligatorio pagar 12 mil millones de pesos a la empresa, incluso si la misma no conseguía los permisos necesarios para la creación de la planta.

Cabe destacar que fue en junio del 2021 cuando se anunció la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali, Baja California, la cual tenía pensado que suministrara energía al Acueducto Río Colorado-Tijuana. De acuerdo con Bonilla se daría una “soberanía energética a Baja California”, no obstante, dejó de operar debido a que el gobierno de Estado señaló que el contrato tenía condiciones “ventajosas”.

Finalmente, el secretario y el consejero coincidieron en que no se trata de cancelar una inversión afectando a la sociedad, sino más bien de proteger las finanzas públicas para destinar los recursos a acciones sustantivas que son prioridad para el gobierno que encabeza Marina del Pilar Avila Olmeda, además de dejar en claro que no se dará espacio a ningún acto de corrupción, al mismo tiempo que se le da un lugar privilegiado a la transparencia dentro de la agenda pública.

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