Este martes 30 de noviembre, la senadora bajacaliforniana, Alejandra León Gastélum, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para llevar a cabo una reincorporación de los agentes del ministerio público, peritos y miembros de instituciones policiales que fueron removidos de sus cargos de forma injustificada.

En ese sentido, la legisladora de la Cámara de Senadores, señaló que el Estado mexicano tiene una lastimosa deuda social con sus agentes del ministerio público, policías, peritos y los demás miembros de sus instituciones policiales.

El trabajo de los agentes se rige conforme a lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 constitucional, fracción XIII, párrafo segundo, de acuerdo con el cual, estos pueden ser separados, removidos, dados de baja o cesados de forma injustificada, sin que el Estado tenga más obligación que la de indemnizarlos, pero en ningún caso la de reincorporarlos al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido”, advirtió la senadora de Grupo Plural.

Ante tal situación, la iniciativa de León Gastélum propone que “si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, así como a la reincorporación al servicio en caso de solicitud de la parte interesada”.

La senadora de Baja California, aseveró que la condición laboral en la que el Estado mexicano ha mantenido a los miembros de las instituciones policiales atenta contra dos principios fundamentales del trabajo: el de estabilidad y el de seguridad en el empleo.

Y además de ser una desafortunada contradicción constitucional considerando las garantías laborales plasmadas en los artículos 5º y 123 en beneficio de todos los trabajadores, contraviene lo dispuesto en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de acuerdo con el cual toda persona tiene derecho a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”, puntualizó Alejandra León.

La senadora expresó que “no reconocer a nuestros policías su derecho humano a un trabajo libre, equitativo y satisfactorio es deshumanizarlos, tratarlos como trabajadores de segunda o tercera categoría y mantenerlos en una situación de incertidumbre laboral que sólo afecta negativamente se bienestar físico y mental sin que esto le genere algún beneficio al Estado”.

La legisladora comentó que debido a esta permanente situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las y los miembros de las instituciones policiales, es más probable que lleven a cabo actos indebidos por órdenes de sus superiores o tengan que soportar abusos, acoso y otras acciones denigrantes por el temor a ser despedidos como represalias en caso de desobedecerlos o denunciarlos”.

“Porque la extrema injusticia no es, ni puede ser derecho”, la senadora León Gastélum propuso la iniciativa en beneficio de los agentes policiales.

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