El pasado 21 de septiembre autoridades de la Ciudad de México arrestaron a Sergio Armando Jiménez, un hombre de 82 años de edad, luego de que se informara que este había robado un par de chocolates de la marca Hershey en un supermercado de la cadena comercial Soriana.

Los hechos ocurrieron en la sucursal ubicada en la colonia Toriello Guerra, perteneciente a la alcaldía Tlalpan. A pesar de que el costo de los productos hurtados no era mayor de 30 pesos, personal de seguridad de la tienda solicitó apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para detener al anciano, quienes asistieron de inmediato a la escena y se lo llevaron consigo.

Radio Fórmula informó que algunos clientes intentaron pagar los dulces con la finalidad de que dejaran libre al hombre, sin embargo, la gerente de la tienda se negó rotundamente.

Acusado de robo a negocio sin violencia, Jiménez fue remitido a la agencia del Ministerio Público Tlalpan 3 y posteriormente fue enviado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

En redes sociales el caso ha dado mucho de qué hablar e incluso la periodista Azucena Uresti se pronunció ante la situación calificándola como “sorprendente” y diciendo que en la calle verdaderos criminales continúan libres.

A través de un comunicado emitido por Soriana, se confirmó la liberación del hombre de la tercera edad este 24 de septiembre, donde la cadena de supermercados señaló que el personal de seguridad de su sucursal trató en todo momento con respeto al señor Sergio Armando, realizando las acciones posteriores conforme lo estipula el manual de procedimientos de la empresa.

Asimismo, señalaron que después de analizar la situación, Organización Soriana tomó la decisión de renunciar al proceso jurídico que se encontraba en marcha, lo que permitió que el señor Jiménez fuera dejado en libertad y canalizado al Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México destacó que como el individuo pertenecía a un sector prioritario de la población, las autoridades involucradas actuaron con ‘enfoque diferencial’, además de que el litigio no fue presentado de manera formal.

Estas acciones fueron suficientes para que se determinara la libertad del acusado en función de los fundamentos legales que facultan al Ministerio Público, los cuales están estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

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