Una ley promulgada este lunes por el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, establece que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) ya no tendrá autoridad para arrestar o encarcelar a migrantes en el estado, esto como parte de una lista de acuerdos entre la jurisdicción local y el organismo mencionado.

Con este decreto se pretende restringir en mayor medida la cooperación con el gobierno federal en cuestiones migratorias, así como la política que apoya el encarcelamiento de indocumentados mientras se encuentran librando su proceso judicial.

La política anuncia que a partir de hoy, este tipo de acuerdos no seguirán funcionando, mientras que aquellos que permanezcan vigentes serán invalidados para el mes de enero 2022. Kankakee, Pulaski y McHenry son condados de Illinois que trabajan conforme a estos contratos, sumando ya un total de 260 migrantes detenidos por esa causa.

Durante un evento llevado a cabo en la ciudad de Aurora, Pritzker declaró que “toda familia, todo niño, todo ser humano merece sentirse a salvo en el lugar que consideran su hogar”, aprovechando también para firmar otras medidas relacionadas con la migración.

Se sabe que la mayoría de los arrestados por el ICE están confinados en instalaciones de administración privada, mientras que la agencia solamente se mantiene como dueña de algunos centros de detención y no hay ninguno de estos en Illinois, ya que tras varios intentos fallidos de construirlo, decidieron prohibir ese tipo de infraestructuras en su territorio.

California y Washington son otras entidades que se han inclinado por eliminar este tipo de contratos en sus gobiernos. Asimismo, también se han implementado gestiones a nivel estado para prohibir la detención privada mientras se está librando una reforma del sistema de migración federal.

Hasta el momento, autoridades del ICE no han respondido al anuncio del mandatario de Illinois, sin embargo, a no ser que decidan demandar en contra de esta decisión, el ICE sólo se queda con la opción de trasladar a los detenidos a otros estados o dejarlos en libertad.

Activistas de derechos humanos exigen la liberación de los indocumentados argumentando lo inhumano de mantener presas a personas que permanecen a la espera de sus procedimientos migratorios. Por otro lado, las autoridades locales dicen que perderán ingresos migratorios y la cooperación del gobierno federal de los Estados Unidos.

El presidente de la junta administrativa, Michael Buehler del condado McHenry, el acuerdo cancelado con el ICE deja cerca de 10 millones de dólares al año, una cifra bastante significativa del presupuesto de 200 millones que le es brindado al estado anualmente.

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