Jaime Martínez Veloz, candidato a la diputación federal del Quinto Distrito de Tijuana en la coalición "Va por Baja California", integrada por los partidos PRI, PAN y PRD, realiza un estudio detallado sobre la minería en México y su potencial de atraer recurso a las Ciudades de la Frontera Norte y los lugares del país donde se produce el oro y la plata. En su investigación documenta que de acuerdo con la Dirección General de Minas, al mes de diciembre de 2013, 2,671,989.00 hectáreas del territorio de Baja California están concesionadas a la industria minera, lo que equivale al 38,21% de la superficie estatal.

El nuevo ciclo de la economía extractivista ha permitido que la inversión extranjera se imponga violentamente en la remoción de grandes volúmenes de recursos naturales, que en lugar de procesarse se destinan a la exportación. Se ha determinado una lógica mediante la cual los país desarrollados trasladan las consecuencias negativas de la explotación de los minerales a los países en vías de desarrollo, por falta de barreras regulatorias a la entrada de los capitales extranjeros. Y esto es precisamente lo que sucede en México, un tercio del territorio nacional está destinado a la minería, lo que significa que gran parte del país está siendo agredida en tierras, aguas, bosques, selvas, biodiversidad e incluso en las formas de convivencia y de organización social. Constantes e impunes casos de violaciones a la ley y a los derechos humanos por compañías mineras se han suscitado a lo largo del tiempo, y siguen fragmentando el tejido y la calidad de vida en las regiones donde se asientan.

La minería es una de las principales actividades productivas, y en México representa el 4.6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional al primer trimestre de 2015. En lo que corresponde al comportamiento de las concesiones, los gobiernos estatales y municipales han quedado excluidos en la defensa de los intereses de sus ciudadanos, pues el gobierno federal es quien tiene la facultad de brindar la concesión —como lo hace con la tierra—. La Secretaría de Economía es la encargada en esta materia, se otorga la concesión al primer solicitante y no al que presente el proyecto con las mejores condiciones técnicas y económicas para el desarrollo. Los impuestos y tratados en el sector minero en otras partes del mundo funcionan en virtud de resarcir los problemas sociales y ambientales causados por la misma en las comunidades. Sin embargo, fue apenas en el año 2014 cuando México consideró la aplicación de impuesto en la industria minera, algo que en la actualidad sigue sin madurar.

Las mineras canadienses en México debieran dejar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en nuestro país, pero debido al Convenio de Eliminación de Doble Tributación firmado por ambos países en 2007, los impuestos se devuelven a Canadá junto al oro y la plata. La Reforma Hacendaria plantea en el 2014 la reconsideración del impuesto sobre la minería, introduce una tasa del 7.5% sobre los ingresos netos, argumentando que los minerales y sustancias del subsuelo son bienes no renovables de la naturaleza. No obstante, el sector público no ha logrado percibir ningún beneficio fiscal de la minería, pues las comunidades en donde se extraen los minerales han sido abandonadas, padecen de unas condiciones de vida desfavorables y una miseria que no está en las prioridades del gobierno federal —ya que los gobiernos estatales y municipales quedan en una mala posición al ser excluidos del marco de defensa de sus habitantes—.

Estas consecuencias negativas y baja captación de recursos fiscales se deben a altas tasas de informalidad, la débil capacidad que ha tenido el Estado para combatir la evasión fiscal y, principalmente, la existencia de privilegios y esquemas de exención fiscal que benefician a los grandes contribuyentes. México tiene cuarenta tratados de doble tributación firmados con la misma cantidad de países, esto del 2000 al 2014, lo que significa que estamos dejando que los beneficios de nuestros recursos sean sumados a economías extranjeras, mientras aquí nos quedamos con lo negativo: la devastación, explotación y derrame de una calidad de vida afectada por la industria. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) publica en marzo de 2015 los datos sobre la cuenta pública 2013, demostrando que México dejó de recaudar 1.1 billones de pesos debido a los regímenes especiales que permiten a los contribuyentes no pagar el total de sus obligaciones fiscales. La misma ASF revela que durante el periodo 2007-2012 el valor de la producción minera ascendió a 693 mil 66 millones 900 mil pesos —datos proporcionados por la industria, no por las bitácoras de producción que debiéramos tener en nuestro control—, de esa cuantiosa cantidad nuestro país solamente recibe 15 mil 231 millones 435 mil 200 pesos por el concepto de pago de derechos, monto que representa un irrisorio 2.2% del valor total.

Jaime Martínez Veloz —quien se ha dedicado a estudiar sobre el tema y nos ofrece este panorama sobre la minería en México—, tiene propuestas que inciden en la recuperación de lo que de facto nos pertenece, por lo que desde la Cámara de Diputados de la República, hará valer la soberanía del país como Estado, con reglas justas que beneficien a todos los actores involucrados, que van desde la sociedad en general hasta los más afectados: las comunidades indígenas. También exigirá que los inversionistas internacionales ofrezcan condiciones laborales y ambientales semejantes a las que se cumplen en sus países de origen, pues la política controlada de la actividad minera en Canadá es opuesta a la práctica injusta y desigual que convenientemente vienen a plantar en México. Veloz puntualiza que el país debe ejercer y hacer valer su condición como autoridad fiscal respecto de la actividad minera, con el objetivo de que la Nación perciba los ingresos congruentes o las utilidades de dicha actividad, por otra parte es necesario regular al extremo posible que el deterioro ambiental sea muchísimo menor y garantizar el resarcimiento de los daños ocasionados en las comunidades.

Se deben respetar y hacer valer los derechos de las comunidades indígenas —en este tema Veloz enfatiza que los pueblos originarios deben tener reconocimiento jurídico como sujetos de derecho público— y ejidales, por encima de los intereses comerciales, carentes de escrúpulos. El candidato propone el incremento del Fondo Minero, una supervisión social más estrecha del mismo en cuanto a la justa distribución y efectiva ejecución. Los salarios mineros en México no compensan el riesgo al que se exponen los trabajadores, y las empresas mineras sistemáticamente violentan los derechos de sus trabajadores, por lo que la acción pertinente es valer irrestrictamente el respeto de los derechos laborales de los mineros mexicanos.

En la siguiente liga pueden leer las propuestas de Veloz, quien las construye pensando en el beneficio de la comunidad.

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