Las mujeres asesinadas casi nunca obtienen justicia. En México, la autoridad falla en identificar a los responsables en la mayoría de los casos.
En más de 8 mil 640 asesinatos de mujeres documentados en el Mapa Nacional de Feminicidios en México, hay más de 6 mil casos que encuadran en esto.
Lo que ese mismo trabajo rescata, es que si logran identificarlos, con frecuencia los asesinos son sus parejas, exparejas o violadores.
Por eso, además de compartir con los hombres el peligro de morir asesinados en un asalto o a manos del crimen organizado, las mujeres deben enfrentarse a la posibilidad de ser traicionadas por las personas que amaban y en quienes confiaron.
El feminicidio es un delito motivado por el odio a las mujeres. El Código Penal de Baja California detalla que la víctima debe presentar signos de violencia sexual o que debió tener alguna relación con su agresor, además de otras circunstancias.
“Es la violencia más extrema hacia las mujeres”, dice Marlene Solís, profesora investigadora en El Colegio de la Frontera Norte y especialista en temas de género.
El Mapa Nacional de Feminicidios en México fue trazado por la activista y geofísica María Salguero.
Es un registro hecho a partir de notas periodísticas que fueron publicadas entre 2010 y 2020, y ha sido utilizado por instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, ante la falta de un trabajo similar y oficial.
Su informe revela que Tijuana es la ciudad más insegura para ser mujer en el noroeste del país y un punto rojo a nivel nacional.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tijuana ocupó el quinto lugar en feminicidios, de enero a diciembre de 2019.
“Es una situación preocupante. No solo por los últimos meses, que en este año se señalan 19 asesinatos de mujeres”, comenta Solís, de El Colef.
Pero las cifras oficiales no muestran por completo la gravedad del problema.
Si no se judicializa un caso o se desconoce quién fue el agresor, como sucede en la mayoría de estos homicidios, entonces no es posible tipificarlos como feminicidios.
Este año, por ejemplo, sólo dos de ocho asesinatos han sido clasificados como feminicidios en Tijuana y siete de 26 en Baja California, según datos de la Fiscalía General del Estado.
Este delito se encuentra en el Código Penal Federal y el Código Penal del Estado de Baja California.
Pero no es garantía de justicia. A nivel nacional, se registró que solo un 2.6% la obtuvo en los últimos diez años de acuerdo al Mapa Nacional de Feminicidios.
De 8 mil 175 casos registrados, solo 947 asesinos fueron aprehendidos y 211 obtuvieron sentencia.
Jennifer Carbajal, tijuanense de 22 años, pide que la autoridad trabaje para encarcelar al feminicida de su hermana Cristina. La mataron el pasado 06 de enero.
“El presunto asesino de mi hermana era su novio. Hay pruebas de que se encontraba con ella pocas horas antes de encontrar su cuerpo y no ha dado la cara, ni para fingir que hubo un dolor”, dice Jennifer.
Asegura que existen pruebas químicas y de ADN para girar una orden de aprehensión, pero él sigue en libertad.
“Los oficiales no hacen nada. El Ministerio Público no hace nada. Dan carpetazo a los temas y no aseguran seguridad para nadie. Es un dolor inmenso que no se lo deseo a nadie”, comenta.
Otro caso impune es el de Nery Pelayo Ramírez, quien tenía 33 años cuando fue asesinada en 2019 por su expareja, frente a su hija adolescente.
“Todo esto fue por celos, pero mi mamá en realidad no hizo nada. Siempre fue una mujer que quiso salir adelante”, narró la joven el pasado sábado 15 de febrero, momentos antes de iniciar la marcha y manifestación “No más feminicidios” en la glorieta del Monumento a la Independencia, conocido como Las Tijeras, en Tijuana.
“Mucha gente le echa la culpa a mi mamá diciendo que fue su culpa, que andaba de puta, pero ella no tuvo la culpa. Si por mi fuera, hubiera hecho lo que sea para que no la mataran” continuó.
Ese día, más de 500 mujeres, hombres y niños marcharon para exigir mayor vigilancia en las calles y una mejor atención de las autoridades en los tres niveles de gobierno.
En la entidad ha habido justicia para algunas, pero no ha sido suficiente, opina Marlene Solís.
“El mismo gobierno lo ha reconocido y con este nuevo gobierno hace falta que pongan bastante más atención”, dice la académica de El Colef.
Aquí se ha condenado a feminicidas, como Jonathan Espinoza Pantoja, quien prendió fuego a su ex novia Keyra González en octubre de 2017 y recibió 50 años de cárcel en 2019 por los delitos de feminicidio y daño en propiedad ajena.
En un caso más reciente, se vinculó a proceso con prisión preventiva a Jonathan Erick N., probable responsable del feminicidio de su expareja y ex compañera de trabajo, Genoveva Álvarez.
Pero hay otros como el de la hija de Nery Pelayo, quien denunció haber sido hostigada por ministeriales, que la acusaron de arruinar el caso de su mamá.
Y como el de Jennifer Carbajal, quien ya no siente la libertad de salir sola a las calles.
“Mis papás están en pánico”, asegura.
Ante la marcha del pasado 15 de febrero, el gobernador Jaime Bonilla comentó que podría activar la alerta de género en el estado antes de que finalice el mes.
La alerta de género es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres y consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar la violencia feminicida, según el Instituto Nacional de las Mujeres.
“Pedimos que el estado marque una alerta de género porque es muy triste la realidad que estamos viviendo”, comenta Samantha Moya, representante de la Red Feminista Interseccional Contra la Violencia en Tijuana.
“Día a día es un sentir de inseguridad y de estar haciendo estrategias de seguridad con personas y de tener cuidado”, agregó.
En México, 13 entidades han declarado Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres. Entre éstas se encuentra el Estado de México, que hizo declaratoria en 2015 sin que esto haya resuelto el problema a la fecha.
El impacto que esta medida podría tener en los niveles de violencia contra las mujeres en Baja California, es todavía un tema pendiente.
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