Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los niños estiman que por lo menos 15 programas dirigidos a niños de escasos recursos podrían verse afectados debido a la nueva ley de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Este ajuste de presupuesto dejaría fuera de los programas subsidiados en un 75% a los servicios generales correspondientes a materiales y suministros para lo que resta del año.

En este sentido habría menos dinero destinado para los rubros relacionados a la nutrición, los servicios de salud, la oportunidad de aprendizaje, cuidados de calidad y una vida libre de violencia, especialmente en comunidades vulnerables.

Aranzazu Alonso, directora del Pacto por la Primera Infancia, se muestra preocupada por los proyectos destinados a menores de edad pues en varias dependencias se reducirá el apoyo federal, y eso afectaría directamente a programas de vacunación, estancias infantiles y producción de libros de texto.

Dicho ajuste impactaría al programa de Protección y Restitución de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional DIF, mismo que se encarga de temas como la adopción y los derechos de menores que sufren violencia o abuso.

Podría verse mermado, a su vez, el capital para el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), que se relaciona a la educación inicial y que se dedica a ayudar con prácticas de crianza en zonas rurales donde hay extrema pobreza.

La pandemia por Covid-19 y la crisis económica ha impactado duramente a México, por lo que “La petición que le estamos haciendo al gobierno federal es que es importante asegurar que estos recortes presupuestales que se anunciaron el 23 de abril no afecten la continuidad de los programas públicos que brindan bienes y servicios para la primera infancia”

En este panorama aplicar el ajuste de manera irrestricta afectaría todos los insumos de las dependencias antes señaladas, dejándolas inoperantes, por lo que es vital y sumamente prioritario contar con el subsidio, destacando por supuesto el que va hacia las guarderías del IMSS y ISSSTE, entre otras.

Alonso aseguró que las áreas afectadas por la nueva ley no están claras, ni siquiera para algunos servidores públicos, por lo que han mandado una petición al ejecutivo, a los secretarios de Estado y a los titulares de dependencias federales a cargo para verificar el descarte de dichos programas en el recorte.

Con información de El Universal

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