Las condiciones en que vivimos actualmente como sociedad, nos deben llevar a un análisis reflexivo del orden y capacidades institucionales, así como de las estrategias a implementar en materia de seguridad pública y de seguridad ciudadana.

Si bien el origen de la crisis que estamos viviendo es sanitaria, hoy se torna en una crisis multifactorial, pero debemos empezar por reconocer, y principalmente el gobierno federal, que previo al impacto de la pandemia por el Covid-19 ya se avizoraban serios problemas en materia económica, política y de seguridad, entre otros.

El calado y magnitud de los problemas que generaría esta pandemia fueron evidentes en la pasada y más reciente reunión mundial (videoconferencia) del G20 donde fue representada, de alguna manera, una puesta en escena de la frustración de los mandatarios de los países participantes, y para no variar nuestro mandatario alimentando su ego explicando sin respetar los tiempos asignados para su intervención, lo que serían sus prioridades ante la contingencia sanitaria como si se tratáse de una ejemplar experiencia exitosa que hay que replicar y de la que deberían tomarnos el resto de los países como referente. Al momento ha quedado evidenciada la fragilidad de nuestro sistema de salud y me parece estamos todavía en tiempo de mitigar el impacto a nuestro sistema de seguridad; esto a pesar de ocurrencias e improvisaciones de las autoridades responsables de la seguridad federal, porque considero seriamente que la respuesta esta en las fuerzas policiales preventivas y las agencias o empresas de seguridad privada.

El pasado 7 de abril el gobierno federal anuncia que va a crear un centro nacional de contingencias (CNC) para reaccionar una vez que el país se encuentre en nivel crítico por el Covid-19 (o sea cualquier día de estos), se explica que habrá una coordinación general a cargo del presidente de la república y una coordinación ejecutiva a cargo del subsecretario de salud López Gatel; no omito mencionar que hemos visto en este poco más del primer año de gobierno de la administración federal, su proclividad a renombrar o re bautizar con bombo y platillo algunas instituciones con todo el costo de recursos millonarios que ello implica, a organismos y entidades públicas ya existentes en la estructura de la administración federal como sedesol a secretaría del bienestar, liconsa y diconsa por segalmex, entre otras varias aunado a programas y organismos, que terminan quedando en algunos casos con el mismo rigor técnico normativo pero “sobre-ideologizados”.

Ante la gravedad de la pandemia y sus impactos, resulta imperante replantear a mediano y largo plazo las prioridades institucionales de los gobiernos y no solo continuar con el cambio de nombre de las dependencias y programas, pero de manera inmediata casi urgente, al menos a muy corto plazo, se requiere el replanteamiento estratégico serio de nuestras policías, principalmente las preventivas en virtud de que la condición pandémica viene modificando los comportamientos delictivos, si bien por la actividad económica casi paralizada también considerando las restricciones de movilidad y medidas de confinamiento, restricciones por cierto de las que al momento su duración es indeterminada por la descoordinación e información confusa y contradictoria entre gobierno federal y algunas entidades federativas.

Hago mención de lo anterior, asumiendo que dicho centro nacional de contingencias “de nueva creación”, emergerá tomando en cuenta las figuras e instituciones legales ya existentes en la propia estructura del gobierno federal, (no se descubrirá el agua tibia) por lo que deberá trazar conjuntamente las directrices a implementar por el gobierno, estableciendo la estrategia nacional en materia de seguridad para afrontar los efectos de la condición pandémica con tareas muy especificas como la prevención de desorden social y reacción ante robos y saqueos a establecimientos comerciales delineando ejecutar un plan de atención y protección a instalaciones estratégicas, durante y después de la pandemia, donde evidentemente quedarán rebasadas las fuerzas federales en su despliegue nacional para estos fines, pues muestra de ello es la más reciente disposición en la que se ha ocupado la Guardia Nacional de hacer presencia para resguardar 184 hospitales del IMSS y 145 clínicas y almacenes del INSABI, al ser estos elevados a la categoría de instalaciones estratégicas por registrarse robos de equipo e insumos médicos y verse agredido personal de salud en algunas entidades.

En la mayoría de los países del mundo las fuerzas policiales concentran su estado de fuerza predominantemente en las ciudades y zonas urbanas por tratarse de la concurrencia de ciudadanos y por ende el mayor registro de la comisión de delitos, parte de los cambios que se vienen registrando en la operación de las policías preventivas a razón del Covid-19, es desplegar la fuerza de vigilancia y patrullaje a la inversa o redireccionarla a zonas residenciales y áreas públicas a efecto de vigilar el cumplimiento a las restricciones dispuestas por los gobiernos a los ciudadanos como son las medidas de distanciamiento y permanencia en sus hogares. En España e Italia los gobiernos han desplegado al ejercito al patrullaje de las calles con la consigna de vigilancia a las ordenanzas y no apertura de comercios mientras esté vigente la cuarentena. En Estados Unidos ha sido desplegada la Guardia Nacional al verse superada la capacidad policial, principalmente en ciudades como Nueva York, donde policías y paramédicos de servicios de emergencia resultaron infectados sufriendo la embestida del coronavirus. En el caso de México en varias ciudades y particularmente en Tijuana, se tiene registro de varios casos de médicos, camilleros y enfermeros así como de elementos y mandos de la policía preventiva infectados por Covid-19, al encontrarse afrontando condiciones adversas ante las disposiciones de encierro ciudadano, lo que esta ya representando un problema latente para la ciudad por su condición geográfica al ser frontera con Estados Unidos y su fenómeno migratorio, mismo que deriva en la presencia de varios migrantes, indigentes y drogadictos en zonas como la canalización del Río Tijuana, muy probablemente ubicada como foco de infección y propagación del multicitado virus.
Ante estos escenarios, las condiciones de emergencia que estamos viviendo en México rebasan la concepción tradicional de la seguridad ciudadana, pues a mi parecer en nuestro país toman relevancia las instancias de seguridad preventiva pública y privada, al ser en el caso de las empresas o agencias de seguridad privada, actividades a cargo de particulares por disposición de Ley, autorizados por órganos competentes para implementar acciones de seguridad en materia de protección de personas, vigilancia de bienes muebles e inmuebles entre otras, así como instalar y operar sistemas y equipos de seguridad para monitorear y prevenir acciones intrusivas, aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares a la función de seguridad pública, principalmente en las localidades y municipios en virtud de asumir un rol sumamente importante en el que deberán garantizar como primera instancia y por tanto, ambos entes (público y privado), el orden y la paz públicas, evitar la proliferación de la pandemia manteniendo la calma y disminución de la ansiedad que genera la incertidumbre para evitar un caos social, como lo establece el documento denominado “Fuerzas Armadas y de Seguridad, sugerencias prácticas para atender el Covid19”, expresamente elaborado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, y en el que se precisa como fundamental la presencia disuasiva y de autoridad para el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Estado para hacer frente a esta situación.
Esta emergencia sanitaria dejará muchas experiencias y aprendizajes, empezando por destacar la falta de coordinación entre la federación, estados y municipios; no existen líneas estratégicas generalizadas para afrontar un problema de tal magnitud como esta pandemia, como seguramente no las habrá en su totalidad una vez que se pretenda regresar a la normalidad en medio de una grave crisis económica. Señala Marc Vidal, autor de la Era de la Humanidad …”Esta es una parada técnica del mundo. Nada que ver. Será peor en lo inmediato, pero una oportunidad única, tal vez la última, para cambiarlo todo, para mejorarlo todo, de una vez”…

De alguna manera en el caso de México, es una buena oportunidad para asumir con visión de futuro que nuestras instituciones policiales refuercen, algunas y recuperen otras, los vínculos de confianza ciudadana, recuperen espacios o terrenos perdidos en el combate a la inseguridad aprovechando el actual debilitamiento del crimen organizado y así, proyecten reposicionarse con fuerza y nuevos bríos ante lo que serán nuevos comportamientos producto de la nueva reconfiguración de actividades delictivas, bajo nuevas condiciones sociales, políticas y económicas.

Edgardo es Consultor Independiente en Seguridad y Desarrollo, autor del Plan Integral de Seguridad Para Municipios de México, así como experto en Seguridad Publica y Nacional. Es Maestro en Administración Pública y tiene una especialidad en Seguridad Internacional en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard.