Las mujeres indígenas, la población más violentada en el valle agrícola. Son las que menos derechos tienen, destacando el acceso a la salud.

La salud en San Quintín es un derecho en el olvido.

El municipio de Ensenada, Baja California, ocupa el primer lugar en población indígena, al concentrar 39 por ciento de la población de esesector del estado.La población indígena en Ensenada posee los porcentajes más altos de analfabetismo (27.7%) del estado, a la vez que el promedio más bajo de escolaridad con 3.4 años.

Los hogares indígenas presentan desventajas respecto a los no indígenas en el contexto estatal en derecho a servicios médicos.Son las mujeres quienes acumulan los mayores rezagos sociales del país, discriminadas y afectadas por la pobreza y por referentes culturales que en ocasiones fomentan desigualdad, traduciéndose en menores oportunidades para acceder a mínimos de bienestar (PNDPI 2009-2010).

Lograr que las instituciones encargadas de la atención a la salud que tienen dentro de su mandato la responsabilidad de trabajar para las comunidades indígenas, incorporen el enfoque intercultural como una estrategia válida operativa, permitiría disminuir los índices de mortalidad materna e infantil, la adopción de prácticas de detección oportuna del cáncer cérvico uterino y el acceso a métodos anticonceptivos bajo el principio del consentimiento informado.

El Artículo 8 de la Convención de Belem do Pará, igualmente,establece deberes del Estado mexicano y por tanto, del estado de Baja California como: “Obligación de adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos…”

Un diagnóstico reciente en el tema de salud realizado por el COPRODI señala que los casos de violaciones de derechos humanos en materia de salud se presentan en primer lugar en el Valle de San Quintín en el rango de edad de 16 a 20 años, al que si se suma el siguiente rango hasta 25 años, juntos concentran un 39%.

La edad reproductiva es considerada por la OMS a partir de los 12 y hasta los 49 años, aunque también se presentaron casos de inicio de la vida sexual a partir de los 11 y 12 años, casos asociados a una práctica cultural de usos y costumbres de inicio de la maternidad a edad temprana, así como el casamiento o la unión forzada, o los embarazos producto de la violación; sin embargo en el marco del acceso a la justicia y a una vida libre de violencia, se requiere de un análisis más minucioso para identificar las razones por las cuales se detectaron casos de jóvenes de 16 y 17 años que han vivido violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos.

Acudir a atenderse el parto con una partera es una de las alternativas accesibles para las mujeres indígenas, pero esto es penalizado en el ámbito de salud; sin embargo, ante condiciones institucionales que no valoran la vida y la salud de las mujeres, cabe preguntar: ¿se respeta el derecho de acceso a los servicios de salud?

Algunas mujeres mencionan la manera en la que ya es costumbre ser atendidas: “La doctora me regañaba: que si no tenía experiencia, que si no miraba televisión, que estaba muy grande para tener hijos, y tenía miedo y vergüenza de ir a revisarme el embarazo”.

“Duré cuatro días con dolor y el día 13 de septiembre ya tenía mucho, no aguantaba ni caminar y entré a urgencias, me revisó el doctor y dijo que me faltaba 6 de dilatación, que me fuera a caminar o a comer, que todavía me faltaba mucho, salí de urgencias y entré al baño y se me fue la respiración, no hallaba dónde detenerme, y me senté en la taza y entró una señora y me dijo que me metiera a urgencias porque ya me iba a aliviar y entré y el doctor me dijo, otra vez, no le dije que le faltaba mucho, y me revisó y dijo ‘que raro si ya estás pariendo’.

“Yo iba a que me revisaran al bebé porque no se me movía y la enfermera me dijo que estaba tranquilo (el bebé ya estaba muerto)”.

La diversidad cultural en nuestro país ha sido reconocida en el plano formal a partir de 1992, año en que se incluyó en la Constitución Mexicana la composición pluricultural de la nación.

Este hecho es el resultado de los movimientos políticos y sociales que los pueblos indígenas han impulsado desde hace décadas,reclamando reconocimiento, respeto y equidad con miras a construir un estado-nación multiétnico, pluricultural, multilingüe y democrático;sin embargo, es la discriminación, por razón de lengua, edad, estado civil, condición indígena, otra de las barreras de acceso a los servicios de salud, barreras invisibles pero presentes de acuerdo con los testimonios de mujeres que acuden en búsqueda de atención.

En Baja California, como en otros estados del país, las campañas de detección oportuna de cáncer cérvico uterino son prioritarias; sin embargo, cuando se presentan situaciones como las que expresan las mujeres de la delegación de San Quintín, se puede entender que unad e las consecuencias primeras es el alejamiento de éstas de lossistemas de salud.

La falta de personal especializado en la toma de la prueba, el que ésta se realice sin la privacidad que corresponde y que los resultados no sean entregados en los tiempos que marca la norma oficial mexicana,van tejiendo condiciones que vulneran la salud de las mujeres.

La salud en San Quintín es un derecho en el olvido. Esta zona se localiza a 300 kilómetros de la frontera con el estado de California, EUA, lo que representa ventajas a las más de 14 empresas agroexportadoras en la competencia con otros productores no sólo nacionales sino estadounidenses, lo que se traduce en la reducción de costos en el proceso de comercialización.

No sólo estamos hablando del insumo del transporte, sino también del costo del agua y, por supuesto, del pago de salarios y prestaciones de los miles de hombres y mujeres que contratan las empresas, desde lasiembra, limpieza, fertilización y cosecha.

La preocupación de garantizar la mano de obra en Baja California y tener mayor control en la regulación del mercado de trabajo llevó a propiciar asentamientos de las familias jornaleras, que al paso de más de 20 años llevan al Valle de San Quintín a contar con más de 45 asentamientos con cerca de 20 mil jornaleros como reserva de mano de obra entre hombres, mujeres, niños y niñas.

De ahí que si bien es cierto la población asentada no es suficiente y se requieren flujos de mano de obra, éstos cada vez resultan menores:de las 35 a 40 mil personas que se requerían hace 30 años, su número se ha reducido a cerca de la mitad, de ahí que de los 40 albergues o campamentos que existían ahora son menos de 15.Para esta fuerza de trabajo, la salud se enmarca en el ámbito de la seguridad social.

La Constitución, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social la enuncian como un derecho irrenunciable de los trabajadores que garantiza la prevención y atención en los riesgos y accidentes de trabajo, de enfermedades, la gratuidad en el costo de medicamentos, la atención especializada de segundo y tercer nivel y prestaciones sociales como la atención de las mujeres trabajadoras antes, durante y después del embarazo, el derecho a todos estos servicios por la familia, esposa e hijos, y aquellos dependientes económicos como pueden ser los padres y personas con discapacidad.

La demanda por parte de los trabajadores ha sido, sigue y será el de ser afiliados al régimen permanente del Seguro Social.Institucionalmente la responsabilidad recae en el gobierno federal, y es ahí donde el Poder Legislativo debe actuar.
La infraestructura de salud está rebasada por el alto crecimiento demográfico que tiene la región, la tasa es arriba de 5.6 por ciento. ¿Con qué se cuenta para atender a la gente?

Existen dos servicios de atención médica en el Valle de San Quintín,que brindan atención abierta de primer y segundo nivel; uno por parte de Isesalud, del gobierno del estado y otro por parte del IMSS, los cuales se ubican en la Delegación municipal de la Colonia Vicente Guerrero, en donde sólo se trabaja de lunes a viernes, y las guardias que se establecen, poco o nada resuelven la demanda.

No existe en la región un hospital con especialidades que responda alas necesidades de la población, y esto es más preocupante, si consideramos que no existe infraestructura médica en la región,menos aún en la región Sur-Sur del municipio de Ensenada.

Más de 170 mil ciudadanos no obtienen servicios de tercer nivel, por lo que los traslados de pacientes y familiares se tiene quedar, si es del Valle de San Quintín, a más de 200 kilómetros, y si es de las delegaciones de la Sur-Sur, les resulta más económico viajar por avión al estado de Sonora.

Las alternativas a esta situación no pueden encuadrarse solamente en el ámbito de la infraestructura; aunque es de alta prioridad, la salud debe concebirse tomando en cuenta las características de la población.

Debe observarse que en los programas de prevención y atención no existe un enfoque de interculturalidad, en donde las acciones de fomento tomen en cuenta los valores, usos y costumbres de la diversidad indígena que existe en la región.La tarea recae en todos los niveles de gobierno, pero quien es el responsable directo es el Ejecutivo estatal, quien debe convocar a todos los actores involucrados en la revisión de las políticas públicas que se ejecutan, sin seguir postergando la demanda de los pueblos indígenas en materia de justicia y seguridad social.

*Jaime Martínez Veloz es candidato por el PRD a la gubernatura de Baja Californa. Conocedor de la realidad, activista y promotor de los derechos sociales y culturales y de la diversidad.