En San Quintín no reconocen los derechos de las mujeres ni la plurietnicidad del estado. Esto se replica en varias partes de la ruralidad de Baja California.

La reciente modificación al contexto legislativo que establece que el embrión es una persona y que será penalizado el uso de algún método que provoque su expulsión, incluso en casos de violación, riesgo de muerte materna o deformación, ha puesto a la mujer indígena migrante en una situación de altísima vulnerabilidad en cuanto a susderechos sexuales y reproductivos.

La sistemática violación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas es el factor principal de la violencia de género.Por otra parte el consumo de sus alimentos tiene que salir de su ingreso a diferencia de su lugar de origen donde siembran y cosechan, lo que provoca que para completar el gasto se sumen al trabajo los hijos e hijas.

De acuerdo a la ONU, asegurar los derechos humanos de las mujeres indígenas, en especial el de una vida libre de violencia, es fundamental para garantizar los derechos indígenas como grupo.El trabajo infantil es una costumbre, una manera en la que los y las hijas de los jornaleros agrícolas se enseñan a trabajar, a valorar su vida, siendo el mayor temor que puedan caer en las garras de las adicciones.

Las mujeres indígenas, además, se ven enfrentadas entre dos realidades: por una parte se les menciona que en Baja California las mujeres tienen más derechos, como el trabajar y que se les pague a ellas, el derecho a la salud, etcétera; sin embargo a la hora de ejercerlos, en su comunidad, en su familia, entre las autoridades, les ratifican que deben obedecer al esposo y si éste sabe de los derechos las amenaza para no ejercerlos.

Algunas mujeres mencionan que se sienten deprimidas, sin esperanza, y cuando están embarazadas viven con el miedo de tener una niña.En el caso de las mujeres indígenas el derecho a decidir sobre su cuerpo se ve limitado por el escaso acceso a la información y la insuficiencia de promotoras indígenas en salud.

Las mujeres plantean dos conflictos con los sistemas de salud en la región: los médicos no aceptan que ellas prefieran hacer un trabajo de parto en cuclillas, así como que durante el periodo de gestación consulten a la partera y se soben.

Cuando algunas mujeres indígenas manifiestan que acostadas les duele demasiado el trabajo de parto, los doctores se molestan exigiendo que se acuesten y que no sean escandalosas, lo cual es violencia discriminatoria e institucional del sistema, que carece de interculturalidad y sensibilidad de género para relacionarse con la mujer indígena.La fuerza laboral jornalera es relativamente joven: el promedio de edad fluctúa entre 19 y 50 años, por lo que los empresarios contratan a las y los jornaleros en su etapa de vida más productiva (Moret y Cossío, 2004).

A partir de los años 80 las mujeres se incorporaron de forma directa al mercado laboral y con ello se inicia el proceso de la feminización de la fuerza laboral agrícola y se considera que su aportación en mano de obra es importante: entre 25 y 30 por ciento de la actividad agrícola corresponde a las mujeres (Sánchez-Moreno, 1998).

En lo que se refiere a trabajos pesados durante gestación, parto y posparto, los derechos de las madres trabajadoras no se respetan:menos de uno por ciento de las mujeres ha recibido permiso en tiempo para amamantar a su bebé, y menos de 9 por ciento ha recibido algunas semanas de pre y posparto que establece la ley.

Durante 2007, bajo el reglamento a la ley de los trabajadores eventuales del campo del IMSS, los patrones negaron la afiliación a cientos de jornaleros.La mayoría de las mujeres trabajadoras han expresado que al asistir a solicitar su afiliación al IMSS el patrón inmediatamente las amenaza con el despido.

A escala estatal, la población femenina de Ensenada es la que posee el menor índice de jubilación.En el Valle de San Quintín debe terminar el múltiple proceso de discriminación que sufre la mujer en sus derechos, por el hecho de ser mujer, indígena, jornalera, migrante y pobre.

Las premisas de una relación social intercultural adecuada deberán basarse en la interacción con igualdad de condiciones entre grupos humanos con culturas diferentes, así como en la eliminación de asimetrías y de la imposición de una cultura dominante.La diversidad no se elimina, se asume. La diversidad representa una riqueza.

Uno de sus desafíos es lograr una sociedad plural y justa, en la cual los diversos pueblos y culturas convivan armoniosamente, y los conflictos puedan resolverse por vías no violentas y con respeto a los derechos individuales, colectivos y de grupo.

La población indígena, especialmente las mujeres, jovencitas y niñas,requiere atención específica para erradicar la inequidad de género,que se traduce en mayor vulnerabilidad respecto de la salud sexual y reproductiva, así como la violencia familiar y de género.Un estudio reciente de El Colegio de la Frontera Norte presenta casos en los que el detonante de la violencia física hacia la mujer indígena embarazada que habita en el Valle de San Quintín, fue la disputa por la comida.

Otros casos muestran que los abusos en edad temprana fueron perpetrados por un familiar cercano, desarrollando en la agredida sentimientos de indefensión, desesperación, depresión, desórdenes alimentarios, aislamiento, inseguridad, miedo a tomar decisiones y culpabilidad.Para que las indígenas puedan acceder a una vida libre de violencia es necesario romper los esquemas ancestrales que les impiden el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Las consecuencias derivadas de la falta de respeto a estos derechos fundamentales, las afectan en todos los ámbitos y tienen consecuencias que ejemplifican los testimonios del campo.

Las mujeres han dicho: “llegué y le dije que me hiciera papanicolau y me dijo que cobraba 50 pesos y le pregunté:¿por qué vas a cobrar, si mi marido trabaja en el campo agrícola?,y me dijo que así cobraba a las que atendía, que a él no lo mandaba el centro de salud; y tuve que pagar. Siempre me engañan porque yo no sé.”

“Me hizo el Papanicolau y tardó seis meses para entregarme el resultado y la enfermera salió a la puerta y me lo entregó, y había mucha gente y me dijo que salí con infección, y me lo dijo delante de la gente”.

Una de las consecuencias más graves de la lejanía de los servicios de salud es el riesgo en que se colocan las mujeres ante una posible enfermedad, aun cuando está demostrado que detectado a tiempo el cáncer es curable.La falta de personal de salud especializado en la revisión de laminillas es una constante en esta zona.

Es común que la migrante jornalera padezca enfermedades gastrointestinales, desnutrición e intoxicaciones causadas por los agroquímicos empleados en el campo de cultivo, lo que aunado al desgaste por exceso de trabajo, en ocasiones ha producido abortos.

Respecto de la planificación familiar la gravedad de los casos documentados por estas mujeres. Amerita un análisis institucional sobre las razones por las cuales se hace caso omiso al consentimiento informado, uno de los avances que la sociedad civil organizada ha demandado desde los años 70.Lamentablemente, el acceso a la seguridad social es uno de los derechos más restringidos.

A finales de 2006, un estudio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación señaló que a pesar de las reformas realizadas al reglamento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mediante las cuales se obliga a atender a las trabajadoras del campo y otorgarles el derecho a la atención médica, hospitalización y guarderías, en el Valle de San Quintín sólo la mitad de ellas estaban registradas como derechohabientes; únicamente existían 10 guarderías para el cuidado de hijos menores de cinco años.

Que no se aplique el citado reglamento obedece, en gran parte, a la resistencia de los empresarios agrícolas, quienes han promovido amparos para protegerse del incumplimiento de este derecho. Además, funciona bien la amenaza de despido para quienes insisten ser afiliados al IMSS.

No obstante, las indígenas del Valle de San Quintín han visto una luz de esperanza desde el momento en que han tomado conciencia de su situación y adaptado sus costumbres que determinan el pudor y la vergüenza como propios de su cultura para favorecer el cuidado de su salud.

Sin embargo, no han cambiado ni se han flexibilizado las prácticas médicas en la detección y atención del cáncer cérvico-uterino.

El Colectivo para la Promoción del Desarrollo Integral Jesús Rubiell, AC, (COPRODI) y Mujeres por un Nuevo Amanecer, reconocen que existen convenciones internacionales que nuestro país ha suscrito obligándose a respetar los derechos de las mujeres y eliminar la violencia basada en el género, y que también hay leyes nacionales y estatales, así como normas oficiales de salud.

Los grupos organizados de mujeres indígenas cada día toman conciencia de sus derechos y de que pueden ser las mejores aliadas en la implementación de programas especialmente orientados a la mujer y vigilados socialmente por ellas y políticas públicas con perspectiva de género e interculturalidad, para hacer real el derecho a una vida libre de todas las formas de discriminación, una vida con justicia y dignidad.

*Jaime Martínez Veloz es candidato por el PRD a la gubernatura de Baja California. Conocedor de la realidad, activista y promotor de los derechos sociales y culturales y de la diversidad.