El neoliberalismo, dictado por el consenso de Washington, y exaltado por las políticas de Margaret Thatcher, en Inglaterra, recomendó que los países que tuvieran un modelo económico de socialismo de Estado, y donde este socialismo no funcionara económicamente hablando, y como consecuencia sus economías se rezagarán en el contexto mundial, deberían de aprobar leyes y tomar acciones decisivas para privatizar las empresas públicas que por el burocratismo o la ineficiencia, resultaban ya un lastre para el Estado.
Por esta razón, los presidentes mexicanos, becados en Harvard, UCal, Yale y otras universidades del mundo desarrollado, como de la Madrid, Salinas, Zedillo, y sus tesoreros, Aspe Armella, Gil Díaz, y Caso Lombardo, apuraron las plumas para privatizar el máximo de empresas de Estado que se consideraban un lastre, aunque algunas como Telmex realmente no lo fueran.
Privatizada la mayoría de las empresas, la burocracia nacida de la revolución, vio amenazado su poder económico. Pero ya era tarde, el centro de gravedad de la propiedad de las empresas de infraestructuras había pasado al sector privado. Por otro lado, la pérdida de fuerzas, hizo tan débil al Estado que no alcanzó a instrumentar un aparato fiscal suficientemente eficiente que substituyera las bondades de la economía de Estado socialista, por una economía de libre mercado pero obediente de las necesidades fiscales de la nación.
Se perdió el poder económico real del Estado, que yacía en las empresas públicas, poder proveniente de la auto recaudación fiscal. Así, de esta manera, se pasó de la auto recaudación fiscal de la empresa pública, a la total evasión fiscal del capital privado transformado.
Estas condiciones de orfandad económica de Estado, con las que llegó Calderón al poder, dieron origen a la estrategia de creación de empresas público privadas, en donde la mayoría del capital sería privado, pero el Estado conservaba cierta dominancia debido al natural control sobre la tierra y eventualmente sobre las tarifas provenientes de empresas monopólicas.
En este parteaguas nacen las convocatorias para constituir APP, en aquellos proyectos que forman parte de los planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo en el país.
Sin embargo, la estrategia adolece de dos males de nacimiento. El primero, el que las reglas del juego, que pretenden constituir empresas de libre mercado, están dictadas por burócratas o consultores que en su vida han manejado una empresa de más de diez trabajadores. El segundo, la corrupción que siempre ha anidado en la industria de la construcción, y que ahora se ha trasladado silenciosamente a este otro ámbito del comercio del poder económico.
La estrategia económica del Estado denominada de APP, adolece aun de varios defectos de instrumentación, pues las leyes y reglamentos en vez de alentar a los capitales privados para la inversión, como sucedió en el pasado inmediato, los someten a licitaciones diseñadas con "químicas intencionadas", que dan lugar al cohecho y al soborno, como se ha hecho público en el escándalo del Tren Ligero México Querétaro, en donde ha salido a relucir el obscuro manejo de las concesiones de servicios públicos controlados por el Estado, en el nivel de las APP federales. Estos procesos incuestionablemente son monitoreados por los capitalistas internacionales.
La sofisticada legislación que se ha creado para el proceso de licitación de concesiones, con la condicionante básica de la creación de una APP administradora del proyecto, da lugar a manejos discrecionales e irregulares de los procedimientos administrativos, lo cual desalienta la participación abierta del capital privado, que procura en primer término deducir las "claves de acceso" encriptadas por el gobierno.
La complejidad de la ley ha dado lugar también, como es natural, a la charlatanería y la prevaricación. Se están creando ya asociaciones y empresas dedicadas a descifrar para los inversionistas los marcos legales de las APP. Ya se forman colegios de profesionales como los de otras prácticas similares, que venderán afrecho en vez de levadura, a los potenciales inversionistas interesados en proyectos de APP. Pronto, sólo estos profesionistas tendrán patentes del Estado para guiar a los inversionistas privados y elaborar los modelos de negocios exitosos que habrán de seguir.
El diseño de una figura empresarial capitalista ejecutada por burócratas socialistas
La experiencia de la privatización forzada de las nueve autopistas de Salinas, lleva a reflexionar y poner en tela de juicio el diseño empresarial de negocios a partir de un concepto burocrático de los mercados. Se parte de la experiencia administrativa de los negocios de Estado, monopólicos, sin competencia, sin diseño empresarial moderno, sin el estímulo de una utilidad fehaciente, con modelos de predicción fundamentados no en la experiencia empresarial, sino en la referencia académica.
Con Salinas quedó demostrado que… Continuar leyendo artículo aquí
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