La solución tiene que venir de los ciudadanos. Para pasar de la queja a la acción, un grupo diverso de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y representantes de la iniciativa privada trabajaron en una iniciativa para crear la Ley General de Responsabilidades Administrativas a la que han llamado: Iniciativa Ciudadana de Ley 3de3.
En ella se propone establecer como una obligación que los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y el presidente de la República hagan públicas tres declaraciones: declaración patrimonial, de intereses y fiscal. Además, define reglas claras de conducta para los servidores públicos y actores privados, así como sanciones para los corruptos.
Organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) signaron dicho proyecto complementario al Sistema Nacional Anticorrupción; y convocaron a la ciudadanía a sumar su firma hasta alcanzar 120,000, que es el mínimo requerido para presentarlo ante el Congreso de la Unión.
El éxito de este esfuerzo colectivo nacional depende de… Continuar leyendo artículo aquí
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