Washington, 8 dic (EFE).- Más de 28.000 familias de Puerto Rico presentaron hoy ante un tribunal federal de Boston una apelación ante los despidos masivos de funcionarios públicos realizados por el gobernador, Luis Fortuño, en 2009.


"Antes de hoy, no se nos había dado la oportunidad de presentar una evidencia de las muchas alternativas de la Administración Fortuño antes de despedir a miles de trabajadores", afirmó el abogado Manuel Rodríguez Banchs tras la vista.


El abogado denunció como argumento de la apelación que Fortuño no había ofrecido alternativas ni pruebas efectivas de las necesidades financieras que acabaron con el despido masivo de empleados públicos, y que ha repercutido además en un empeoramiento "dramático" de los servicios públicos en Puerto Rico.


Como ejemplo, los demandantes han denunciado que algunas escuelas de la isla caribeña, que forma parte de los territorios de EE.UU en calidad de Estado Libre Asociado, han tenido que cerrarse por falta de personal de limpieza y en otras han sido los propios profesores quienes se han tenido que ocupar de estas labores.


"Ahora estas familias tienen la oportunidad de ver que se hace justicia", agregó Rodríguez Banchs, en un comunicado de prensa.


Fortuño decretó en octubre de 2009 el despido de 28.000 trabajadores públicos, al justificarlos como única manera de hacer frente al déficit fiscal de 3.200 millones de dólares que heredó de la pasada administración del gobernador Aníbal Acevedo Vilá.


"Es un día muy importante para los trabajadores de Puerto Rico que luchan por hacer de sus comunidades un mejor lugar donde vivir. Y esperamos que los derechos de los trabajadores sean defendidos por la constitución de EE.UU", explicó el abogado.


Asimismo, la comunidad puertorriqueña denunció que el despido masivo de empleados públicos provocó el alza de la tasa de desempleo en Puerto Rico de 15 a 18 por ciento, lo que ha generado aún mayor desestabilización en la isla caribeña, que enfrenta una de las mayores crisis fiscales de EE.UU.


La demanda, liderada por la Unión Internacional de Trabajadores de Servicios(SEIU), está respaldada por diversas organizaciones sindicales de EE.UU.